Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Nación

Asume funciones directora de la Defensa Pública Penal

Nydia de Corzantes es juramentada por el Congreso de la República.

 

 

Fecha de publicación: 12-04-16
Por: Tulio Juárez
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Elegida el pasado jueves 7 por el pleno parlamentario con 114 votos como directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la abogada Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes ha jurado esta tarde en el Congreso fidelidad a la Constitución de la República en el desempeño de sus funciones a partir de la fecha.

Con experiencia jurídica de 38 años, según su mensaje ante diputados, recibe la conducción de una entidad con deficiencias presupuestarias, por lo que la carencia de fondos convierte en muy difícil el reto de brindar atención de los defensores públicos a quienes la necesiten en casos judiciales, pero lo asume.

Nacida el 24 de octubre de 1957 en esta capital en el hogar de Fernando Arévalo Reina y María Stella Flores Escobar, la nueva responsable del IDPP –indica el sitio electrónico Wikipedia– fue nombrada en junio de 1994 por la Corte Suprema de Justicia como la primera defensora pública del país.

En 1998 con la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto Número 129- 97 del Congreso, el instituto adquiere su autonomía, se separa del Organismo Judicial y en un proceso de evaluación para optar al cargo es finalmente designada defensora de planta para el departamento de Guatemala.

 

En su perfil

< 2003 – Nombrada coordinadora de la Unidad de Formación y Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal (Unifocadep)

< 2004 – Asume como coordinadora nacional de la Unidad de impugnaciones.

< 2010 – Habilitada por la Corte Interamericana como Defensora Pública Interamericana de Derechos Humanos, para litigar ante el Sistema Interamericano de Protección.

< Participó en vistas públicas en las cortes de Constitucionalidad, Suprema de Justicia y la Cámara Penal.

< Intervino en la audiencia sobre el grado de cumplimiento de dos sentencias dictadas contra el Estado de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

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