Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Nación

Gobierno sepulta contrato con SAG por anomalías

La empresa insistió tres veces en reactivar el contrato del Sistema de Control Migra-torio por US$109.8 millones, el Ministro de Gobernación confirmó ayer la rescición y una futura licitación.

 

Fecha de publicación: 06-04-16
El Ministro de Gobernación manifestó que lo que le queda a la empresa es acudir a los tribunales. Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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“Lo que le queda a la empresa (SAG) es acudir a lo judicial”, declaró tajante Francisco Rivas, ministro de Gobernación, al informar ayer la decisión del Gobierno de confirmar la rescición del contrato del Sistema de Control Migratorio por US$109.8 millones suscrito con dicha compañía, realizada por el ex ministro Mauricio López Bonilla en mayo de 2015.

El Gabinete de Gobierno se reunió el lunes por la noche y analizó dicho contrato. El criterio de los funcionarios es que no darán marcha atrás con la rescisión debido a los cuestionamientos que rodean dicha adjudicación a la empresa Security Assistance Group Guatemala (SAG).

Mediante un proceso cargado de anomalías y que fue rescindido en dos ocasiones, la empresa SAG buscaba prestar el servicio de control migratorio en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas de Guatemala. Este contrato incluiría el registro de huellas digitales, verificación de iris y reconocimiento de rostros mediante fotografías biométricas, con el fin de mejorar el control de quienes ingresan y salen del país para detectar personas con órdenes de captura nacional o internacional. El contrato fue firmado por un monto de hasta US$109.8 millones (Q849.8 millones) diez veces más de lo que costó un servicio similar en Honduras.

Rivas no cuestionó la utilidad del proyecto, por el contrario, aseguró que pedirá la asistencia del Departamento de Seguridad  (Department of Homeland Security) de Estados Unidos, para evaluar el estado de las aduanas del país.

Lo que llevó a Rivas a mantener la decisión de sus antecesores (los exministros Mauricio López Bonilla, quien rescindió el contrato “por motivos de fuerza mayor”, y Eunice Mendizábal, que no dio trámite a un recurso de reposición solicitado por la empresa) fueron las anomalías halladas, entre ellas, tráfico de influencias entre personal de SAG y asesores del despacho de Ministerio de Gobernación (Mingob), todo demostrado a través de correos electrónicos a los que elPeriódico tuvo acceso y que se detallan en la línea del tiempo que acompaña esta nota.

Contradice planes

La historia del cuestionado contrato para SAG empieza con un miembro del Gabinete de Gobierno de Jimmy Morales. El actual ministro de Cultura, José Luis Chea Urruela, laboraba en 2012 como Embajador para la Inversión Extranjera. Según un informe de labores que presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores en julio de ese año, fue él quien gestionó una reunión entre el entonces presidente Otto Pérez y el representante de SAG, el suizo-argentino Gustavo Brignone. Siete meses después, SAG abre en Guatemala una sucursal con un capital de Q5 mil.

El servicio de registro biométrico, aseguraron los defensores del proyecto, se pagaría solo. El ex ministro de Gobernación López Bonilla, el expresidente Pérez Molina y su secretario Gustavo Martínez, firmaron el Acuerdo Gubernativo 30-2014 para modificar la Ley de Migración y con ello imponer un cobro de US$15 para cada persona que ingrese o salga del país. De lo recaudado, US$2.75 se destinarían a SAG y el resto para la Dirección General de Migración.

Ayer, Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), señaló que este tema fue discutido en la Comisión Nacional para las Exportaciones (Conapex). “Hubo una opinión muy favorable para solicitar al Gobierno que se invalide el acuerdo… la cifra haría que los boletos aéreos para visitar el país sean más elevados que el resto de Centroamérica”, indicó.

“Lázaro, levántate y anda”

Con la decisión de Rivas, SAG suma el tercer “no” a su intento por reactivar el millonario contrato. El primero fue el 18 de agosto de 2014, cuando el exministro López Bonilla anuló el proceso de licitación. Las bases fueron abiertas de nuevo dos meses después y adjudicado otra vez a la misma empresa. No obstante, un día antes de dejar el cargo, el mismo funcionario rescindió el contrato “por motivos de fuerza mayor”.

SAG hizo un tercer intento, pero esta vez asesorado por un grupo de consultores. Para recuperar la adjudicación contrató a la empresa de asesoría Destreza Estratégica Diestra, propiedad de Rodolfo Mendoza Yaquián, y asistida por el generador de opinión Pedro Trujillo.

La estrategia creada por los consultores fue denominada Lázaro y ofrecía, entre otros temas, acercamientos con el Ministerio Público (MP), generadores de opinión, tanques de pensamiento y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con la idea de convencerlos de la viabilidad del servicio. A la vez, aseguraban contar con el apoyo de la procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, y el contralor General, Carlos Mencos.

En un informe al que tuvo acceso elPeriódico, Trujillo detalla una reunión que sostuvo con la ex ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Al inicio, Trujillo le habló de distintos hechos que podrían mancharla, entre ellos su relación con personal allegado al ministro anterior.

Mendizábal se muestra vulnerable, indicó en el texto, momento que el generador de opinión aprovechó para ofrecer algunas recomendaciones.

Como parte de su estrategia para poner el tema en la agenda, SAG presentó el equipo que trajo al país.

Como parte de su estrategia para poner el tema en la agenda, SAG presentó el equipo que trajo al país.

“Habla de que anoche firmó la desestimación del  recurso de la SAG y de  que administrativamente  es  muy difícil retomar el tema. Sin embargo, insistí en que sus decisiones las toma sobre informes anteriores y que con la contaminación existente mi consejo sería que alguien le hiciese dictámenes nuevos… De pronto me dice si la puedo ayudar con un abogado de confianza para que le analice eso y quedamos en que le pasaré un nombre”, se lee en dicho documento.

Ayer, al informar la postura del Gobierno respecto al contrato, el ministro Rivas aseguró que pedirán la asistencia del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) de Estados Unidos, para elaborar un diagnóstico de las aduanas del país.

El informe de este análisis servirá de base para realizar un nuevo proceso de licitación para contratar el servicio de control migratorio.

En cuanto a los reclamos legales que  SAG pueda presentar ante los tribunales, Rivas aseguró que el tema ya no le compete y que, la opción más democrática que le queda “es acudir a lo judicial, donde se puede dar a conocer lo que es justo”, concluyó.

El informe que nadie pidió

En septiembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación (PGN), dirigida por María Eugenia Villagrán, envió un oficio al entonces presidente Alejandro Maldonado en donde respalda la rescisión del contrato con SAG y plantea una estrategia de defensa en caso de una eventual demanda en contra del Estado de Guatemala por parte de dicha empresa.

Sin embargo, en febrero pasado, la PGN emitió un nuevo oficio en el que recomendó revocar la rescisión y emitir una nueva resolución en la que declare con lugar el recurso de reposición planteado por la empresa SAG. En el oficio argumenta que la rescisión del contrato no se ajustó a lo establecido en el Código Civil y que al finalizarse la relación jurídica contractual debe ser compensada por los daños y perjuicios causados.

Incluso recomienda incrementar el pago de US$2.50 a US$7.50 porque es de considerarse que el costo real del servicio es mayor.

Al respecto, el ministro Rivas dijo que “el dictamen de la PGN se emite bajo circunstancias extrañas, porque no se les solicitó opinión en ningún procedimiento… e indica que deberá dejarse sin efecto la rescisión”, cuestionó.

La PGN emitió anoche un comunicado en el que reconoció que realizó el dictamen, tras una solicitud de la empresa SAG para revisar el expediente que contenía el recurso de reposición.

Hallazgos de la Contraloría

En un informe enviado al Mingob, la Contraloría General de Cuentas (CGC) detalló los hallazgos hechos en una evaluación al contrato entre la empresa SAG Guatemala y la cartera.

> La adquisición de este servicio no se incluyó en el Plan Operativo Anual de 2014, lo que ocasionaba inseguridad en la ejecución.

> Dentro del proceso de contratación no se contempló la elaboración de un estudio técnico y financiero por personal especializado, previo a la puesta en marcha del evento. Lo que redunda en falta de transparencia dentro del proceso de adquisición.

> Adjudicación inadecuada: SAG Guatemala no llena requerimientos en experiencia técnica, capacidad financiera y legal, por lo que no puede garantizar el cumplimiento del contrato, indica la CGC.

> Deficiencia en la elaboración de Términos de Referencia: Las autoridades de Migración permitieron la participación de empresas que cuenten con contratos de participación.

> En los términos de referencia, no se especifica que la oferta económica debe incluir los costos y precios unitarios por renglones de aspectos como diagnóstico de la situación actual, capacitación de personal, suministro de equipamiento de la solución tecnológica, mantenimiento del sistema, etc.

> Comisión calificadora adjudicó a SAG sin llenar calidades cualitativas y cuantitativas.

> Se calificó experiencia, volumen de facturación y capacidad financiera que no es propiedad de  SAG Guatemala.

> El contrato de participación no se inscribió en la SAT.

Se omitió incluir en el contrato una cláusula relativa a la propiedad de los bienes.

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Dólares a cada persona que ingresa o sale del país fue la tasa aprobada por el expresidente Otto Pérez para financiar el sistema migratorio.

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