Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Nación

Congreso desafía a Jimmy Morales y le ordena poner en vigor vetada ley que castiga con cárcel a funcionarios

Ministros y otros altos cargos que desoigan citaciones del Legislativo serán enviados a prisión de uno a tres años y multados entre Q200 y Q2 mil, según las reformas introducidas al Código Penal.

 

 

Fecha de publicación: 05-04-16
Por: Tulio Juárez
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 Con 106 votos a favor y 35 en contra, el pleno del Congreso de la República ha rechazado esta tarde en su sesión plenaria el veto dado por el presidente Jimmy Morales al Decreto No. 13-2016 que contiene reformas al Código Penal, y que incluye pena de prisión para los ministros y altos funcionarios del Estado que no cumplan con asistir a citaciones en el Legislativo.

El Ejecutivo lo devolvió vetado al parlamento, por lo que los diputados necesitaban no menos de 105 votos para ordenarle su promulgación y entrada en vigencia, lo cual finalmente  logró por uno más del mínimo requerido, adjudicándose por ahora una victoria en su desafío al Ejecutivo.

Por considerar que el articulado aprobado el 17 de febrero último contiene una serie de violaciones a garantías constitucionales, el mandatario lo rechazó en Consejo de Ministros a través del Acuerdo Gubernativo 49-2016, de fecha 7 de marzo y publicado en el Diario oficial el dia 9, devolviéndolo al Legislativo.

La normativa modificó el Decreto 17-73 del Código Penal en vigor, incluidas disposiciones regulatorias de sanciones de cárcel y económicas a personas particulares, funcionarios y empleados públicos que incumplan a los llamados legislativos para presentarse.

En el caso de los burócratas la enmienda por adición al Artículo 420 Bis agrava la pena, y ahora queda así: “… El funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones y órdenes de autoridad superior dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales,será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de doscientos a dos mil quetzales”.

 

Se tipifica como delito de incumplimiento el que los ministros, viceministros, funcionario o empleado público que por cualquier concepto maneje, administre, custodie o reciba fondos públicos, no asistieran a citas del pleno Legislativo, comisiones o bancadas.

A ello, el gobierno respondió en su rechazo o veto inicial que “recae nuevamente la violación de las garantías constitucionales de derecho de defensa y presunción de inocencia, debido a que solo se permite excusarse por enfermedad”.

Morales había vetado la ley el 7 de marzo último. El decreto debía volver al Congreso para su conocimiento y eran necesarios los 105 votos para revertirlo, lo cual ocurrió hoy. Ahora a la Presidencia de la República solo le queda sancionar y publicarla en el Diario de Centro América.

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