Lunes 19 DE Agosto DE 2019
Nación

Mandataria de empresa es ligada a proceso por el caso #RedCorrupciónSAT

Juez Gálvez realiza en sanatorio audiencia de primera declaración a sindicada de asociación ilícita y cohecho activo por defraudación fiscal superior a losQ255 millones 612 mil, y devolución irregular de Q11 millones 800 mil en crédito fiscal.

 

 

Fecha de publicación: 11-03-16
Por: Tulio Juárez

A proceso, pero con arraigo y arresto domiciliario, ha sido ligada esta tarde María Eugenia Valdés Gómez, de 66 años, mandataria de la compañía señalada por el MP y la CICIG de evadir el pago total de Q255 millones 612 mil 266.82 en impuestos, y haber recibido irregularmente Q11 millones 800 mil de devolución del crédito fiscal.

Según comunicado del viernes 12 de febrero -día de los operativos- tras analizar escuchas telefónicas del caso “La Línea”, la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos, Policía Nacional Civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-, aprehendieron a miembros de esa red de funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Valdez Gómez, una de las representantes legales señaladas y quien fue localizada recluida en el capitalino Hospital Universitario Esperanza, está sindicada de asociación ilícita y cohecho activo, lo cual le fue notificado hoy en su lecho de paciente como parte de la audiencia de primera declaración, por lo que concluyó esta etapa procesal abierta tras las aprehensiones desde el 18 de febrero.

Este es el informe del MP, hoy

A solicitud del Ministerio Público, mediante el trabajo de investigación realizado por la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos, quedó hoy ligada a proceso judicial por los delitos de cohecho activo y asociación ilícita María Eugenia Valdés Gómez, de 66 años. La audiencia se realizó en un hospital en donde se recupera tras sufrir quebrantos de salud.

Valdés es señalada por la Fiscalía de integrar la estructura que procuró actos de impunidad en la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-, por parte de la empresa Aceros de Guatemala que habría defraudado al Estado de Guatemala por más de Q255 millones.

Para realizar esta audiencia el juez Miguel Ángel Gálvez llegó hasta el hospital en donde se encuentra Valdés, quien es representante legal de la mencionada empresa. Por este mismo caso se ligó a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, tráfico de influencias, colusión y cohecho pasivo, a:

–       Evelyn Yulissa Natareno Gómez, Elder Hermelindo Fuentes García, José Antonio Mangandi Ortiz, Nidia Verónica Espina Batres, Giovanni Estefan Reyes Pérez, Osmin Ronaldo Seijas Díaz, Julio Ernesto Román García, Alicia López Paiz, Giovanni Marroquín Navas y Alfonzo Romeo Castillo Castro.

–       A los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos: Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.

Por falta de mérito, el pasado miércoles 2 el juez instructor de la causa ordenó la libertad de Frank Manuel Trujillo Aldana, otro de los abogados de Aceros de Guatemala, S.A., pero quedó con arraigo migratorio. El MP planteó este viernes un recurso para anular la decisiòn judicial.

Se otorgó arresto domiciliario a Natareno, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; los auditores Román, Espina, Ceijas y Reyes; a la mandataria judicial López y a Paiz, representante legal de la compañía involucrada.

Dictó prisión preventiva a Fuentes, ex Intendente de Fiscalización y ex Superintendente interino en 2015; Castillo, ex Intendente Jurídico; Mangandi, ex gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; también a Chacaj, Muñoz, Guerra y, hoy, a María Eugenia Valdez Gómez, representantes empresariales.

El proceso también implica a Omar Franco Chacón, ex titular de la SAT cuando el 16 de abril del año pasado estalló el escándalo con las capturas, y a Giovanni Marroquín Navas, el “articulador” o intermediario entre la empresa evasora y los otros implicados en la red de defraudación aduanera La Línea. Ambos guardan prisión desde ese día.

Los señalados

< Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente de Fiscalización y ex Superintendente interino (sustituyó a Omar Franco en 2015)

< Alfonzo Romeo Castillo Castro, Intendente Jurídico

< José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes

< Evelin Yulissa Natareno Gómez, jefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones

< Alicia López Paiz, abogada mandataria

< Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, auditor SAT

< Giovanni Estefan Pérez Reyes, auditor SAT

< Julio Ernesto Román, auditor SAT

< Nidia Verónica Espina Batres, auditora SAT

< Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante legal de empresa

< Rigoberto Chacaj Soj, representante legal de empresa

< Alfredo Muñoz Ledocarrillo, mexicano, representante de empresa

Se presentaron voluntariamente al juzgado:

< Frank Manuel Trujillo Aldana, representante legal (liberado)

< Ariel de Jesús Guerra Castillo, representante legal de empresa

Localizada y detenida en hospital La Esperanza:

< María Eugenia Valdez Gómez, representante legal de empresa

Detenidos citados por juez para notificarles nuevos delitos:

< Omar Franco Chacón, ex Superintendente de la SAT

 < Giovanni Marroquín Navas, “articulador” o intermediario

La investigación del Ministerio Público se inició luego que en una auditoría la empresa respaldó la compra de chatarra con cuatro facturas de proveedores que no cuentan con el perfil económico para respaldar los negocios, y en algunos casos los emisores ya fallecieron.