Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Nación

CICIG/MP: Se repartió entre altos funcionarios de la SAT un porcentaje de la devolución de crédito fiscal por Q11 millones 800 mil

Aldana y Velásquez revelan presuntos vínculos entre altos cargos de esa Superintendencia y una compañía señalada de defraudar Q255 millones 612 mil desde el 2008, negociaciones en las que el “articulador” fue uno de los intermediarios de La Línea original.

Fecha de publicación: 14-02-16
Por: Tulio Juárez
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La alteración de informes de auditoría, exculpación ilícita de una compañía denunciada por defraudación de Q255 millones 612 mil a partir del 2008, simulación de importaciones y cobro de Q11 millones 800 mil en concepto de devolución de crédito fiscal –del que un 33.33 por ciento fue repartido entre altos funcionarios de la SAT y 11.5 por ciento a la compañía Tres Puertos- forman parte de revelaciones hechas hoy por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.

Thelma Esperanza Aldana Hernández, fiscal general, e Iván Velásquez Gómez, comparecieron la mañana de hoy en conferencia de prensa junto al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para dar detalles sobre interioridades del proceso investigativo que el viernes último mediante numerosos allanamientos condujo a la captura de 12 personas, entre ellas dos intendentes y cuatro auditores de la entidad recaudadora.

La Superintendencia presentó, el 14 de marzo de 2012, tres denuncias en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal señalando a Aceros de Guatemala, S.A., de simulación de compras de chatarra a través de empresas y/o personas proveedoras que, seguida la investigación, se comprobó que los supuestos vendedores no existían o habían fallecido cuando las facturas habían sido emitidas, mencionó Aldana. Otros, no pudieron ser localizados.

Las querellas por la defraudación fiscal de Q255 millones 612 mil desde el 2008 fueron unificadas, por lo cual los abogados de la empresa accionaron legalmente. En eso entra en acción Giovanni Marroquín, capturado el 16 de abril de 2015 por La Línea original que involucra a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, pero tanto el MP como la CICIG aclararon que, por ahora, los dos casos no están relacionados, aunque no se descarta tal extremo.

Fue precisamente Marroquín quien se convirtió en el “articulador” de la estrategia en busca de que la SAT cambiara sus reportes, para lo cual contactó al titular Omar Franco –aprehendido en abril 2015 al igual que él- y los intendentes Elder Hermelindo Fuentes García, de Fiscalización y ex Superintendente interino (sustituyó a Omar Franco en 2015); y a Alfonso Romeo Castillo Castro, jurídico.

De la SAT, los órganos investigadores mencionados involucran en la trama a José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulissa Natareno Gómez, jefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria legal, y a los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovanni Estefan Pérez Reyes, Julio Ernesto Román, y Nidia Verónica Espina Batres.

 

Aldana refirió que en abril pasado, durante los allanamientos ejecutados, a Marroquín se le incautó un teléfono celular con una tabla Excel, el MP y la CICIG encontraron las cuentas de la forma en que se distribuyó el dinero de la corrupción tras haber recibido la empresa de aceros los Q11.8 millones por la devolución de crédito fiscal: 33.33 por ciento entre funcionarios de la SAT y Marroquín, y 11.5 por ciento para Tres Puertos que le “resolvió” el problema.

En efecto, en agosto 2014 dicho juzgado se basó en los informes o dictámenes de la Superintendencia y ordenó archivar las tres querellas del caso, pero la institución tributaria planteó su apelación en una Sala que, como lo esperaba, resolvió a su favor y ordenó la continuación del procedimiento penal, por lo que de nuevo intervino el “articulador” Marroquín. Todo ello es prueba en escuchas telefónicas analizadas, indicó Iván Velásquez.

Pendientes de captura hay tres personas implicadas, incluido Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, y la empresa intermediadora Tres Puertos, quien tramitó todo lo relacionado a la desestimación de las tres denuncias penales iniciales. Al grupo el MP le señala los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, y colusión, según haya sido su participación en los hechos investigados.

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