Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Nación

Los pactos colectivos incurrirían en ilegalidades, según expertos

Abogados consideran que los convenios entre trabajadores e instituciones debieron firmarse por la PGN.

 

Fecha de publicación: 21-01-16
El magisterio y los trabajadores de Salud tienen pactos colectivos que se han actualizado en diferentes administraciones. Por: Carmen Quintela cquintela@elperiodico.com.gt
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Los pactos colectivos suscritos en los últimos años entre los representantes sindicales y las autoridades del Congreso, el Ministerio de Salud y el de Educación, habrían incurrido en inconstitucionalidades.

Esta es la conclusión a la que llegaron varios expertos consultados por elPeriódico, quienes aseguraron que los convenios con los trabajadores debieron haberse firmado por el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), algo que nunca sucedió.

Según Acisclo Valladares, abogado y exjefe de esta institución, “el único representante del Estado, y el único que puede obligarlo a algo, es el Procurador General de la Nación”.

“Cualquier contrato, pacto colectivo u obligación con el Estado, si no está contraída con quien lo representa, es nula. Pero lo que es nulo, no lo es”, afirmó.

El abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoser compartió la opinión de Valladares. “Hay un vicio de forma muy serio, pero también un vicio de fondo  relativo a la incapacidad de las partes en cumplir y a la no comparecencia del Procurador en la suscripción de los compromisos del Estado”, señaló.

Sin validez

Para defender esto, los expertos se basan en el Artículo 252 de la Constitución de la República, que señala que la PGN “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales”. El punto constitucional también indica que el Procurador “ejerce la representación del Estado”.

“El Procurador es el único que pudo haber firmado los pactos colectivos. Es la única persona que les da validez”, reiteró Valladares. Según el abogado, esto también afecta a los dictámenes de los asesores jurídicos. “Cualquier consulta que evacuen, cualquier dictamen que emitan, debe tener el visto bueno del Procurador, pero no ocurre. Todo lo que se firma está en contra de la PGN”, concluyó.

Rohrmoser aseguró que el no cumplimiento del Artículo 252 se debe a la falta de voluntad política “que urge que exista”.

El constitucionalista y excanciller Gabriel Orellana, añadió que la PGN también formó parte como abogada del Estado “en los arbitrajes internacionales en los que estuvo involucrada la República de Guatemala”. “Sin embargo, últimamente han intentado pasarla por alto”, indicó.

Orellana recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) “ya estableció un criterio con respecto a este tema: que los pactos colectivos pueden ser objeto de inconstitucionalidad cuando ponen en peligro la prestación de servicios públicos”.

Según los expertos, el Procurador de la Nación tuvo que haber firmado los convenios.

Según los expertos, el Procurador de la Nación tuvo que haber firmado los convenios.

En los últimos días, el pacto colectivo firmado en 2005 por el Sindicato de Trabajadores del Congreso cobró actualidad, al desvelarse cómo varios empleados de la institución ganan onerosas cantidades mensuales debido al incremento salarial del 10 por ciento anual, acordado en el convenio.

Según Orellana, dependiendo de cómo se formulara una posible acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo, este podría o no ser declarado lesivo.

En el Congreso

En dicho organismo hay alrededor de 1 mil 700 trabajadores en el renglón 011, que ante los acuerdos firmados en el Pacto Colectivo se establece para ellos un aumento anual del 10 por ciento. Este acuerdo ha elevado los salarios en el Legislativo y solo para este año se proyecta un gasto de Q75 millones. Según Mario Taracena, presidente del Congreso, se conformará una comisión para analizar junto a los integrantes del sindicato, el tema de los salarios.

El Pacto Colectivo fue firmado en abril de 2005 por el entonces presidente del Organismo Legislativo, Jorge Méndez Herbruger y Alfredo Tumax, secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor). El convenio, que fue homologado un mes después por el Ministerio de Trabajo, fijó un incremento salarial del 10 por ciento para los trabajadores del Congreso. Gracias al mismo, Tumax, supervisor de conserjes del Legislativo, devenga un salario mensual superior a los Q30 mil.


“El Procurador es el único que pudo haber firmado los pactos colectivos. Es la única persona que les da validez”.

Acisclo Valladares, abogado.

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