Lunes 11 DE Noviembre DE 2019
Nación

Militares al banquillo pese a amnistías

Fecha de publicación: 11-01-16
Ex militares vinculados al caso Molina Thiesen son vistos este lunes durante una audiencia en torre de tribunales. Foto}: Jose Miguel Lam
Por: dpa

Este lunes comparecen en el banquillo de los acusados, a pesar de sus reclamos apelando a decretos de amnistía, un total de 20 ex jefes militares acusados por crímenes de guerra y genocidio cometidos entre los años 1981 y 1986 en el marco del conflicto armado de Guatemala (1960-1996).

Los jueces han ordenado proseguir con las audiencias pese a que los abogados de los acusados han apelado a amnistías que se decretaron para extinguir responsabilidades por delitos políticos y comunes conexos durante los años de guerra.Sin embargo, los militares no han logrado beneficiarse porque los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y no prescriben, como señaló Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Además, la Ley de Reconciliación Nacional (Decreto de amnistía emitido en 1996) es clara al señalar para estos delitos (desaparición forzada, genocidio y falta de deberes a la humanidad) no se puede invocar ningún tipo de amnistía.

Estos son algunos de los antecedentes de las amnistías y los reveses sufridos por la defensa de los imputados:

– El enfrentamiento armado interno de Guatemala cesó el 29 de diciembre de 1996 tras diez años de negociaciones de paz. Los 36 años de guerra dejaron, según cifras de la ONU, 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su mayoría población civil no combatiente.

– Dos días antes del 29 de diciembre de 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 145-1996), mediante la cual se decreta la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno (1960-1996).

– Otra amnistía había sido decretada (Decreto 8-86) por el último régimen militar que gobernó el país antes de la reinstauración de la democracia. Fue promulgada cuatro días antes de la entrega del poder al primer presidente civil, Vinicio Cerezo (1986-90), en enero de 1986. Esta limitaba ese beneficio al período comprendido entre el 23 de marzo de 1982 (fecha del golpe de Estado que llevó al poder al general Ríos Montt) al 14 de enero de 1986 (fecha en que asumió Cerezo).

– El viernes, en la apertura de la audiencia de formulación de cargos contra 14 militares, la defensa planteó un recurso sobre “duda de competencia procesal” apelando a la Ley de Reconciliación Nacional (1996) y pidió que la audiencia fuera detenida y los sindicados puestos en libertad. La acción fue rechazada por el tribunal, por lo que los cargos comenzaron a ser imputados, uno a uno, contra los sindicados.

– En el juicio por genocidio contra Ríos Montt, la defensa tampoco pudo hacer valer sus alegatos para que la amnistía se aplicara. En octubre de 2015 la Corte de Apelaciones rechazó una solicitud en esta línea por considerar que la Ley de Reconciliación Nacional vigente contempla la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Los abogados de Ríos Montt intentaron conseguir una amnistía en base a la ley de 1986 que concede ese beneficio legal a responsables de delitos políticos o comunes entre 1982 y 1986.

– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saludó dicho fallo contra Ríos Montt. “La resolución envía un mensaje claro sobre la no aplicación de las amnistías para crímenes como el genocidio y lesa humanidad”, destacó el organismo en su comunicado fechado en Guatemala.