Jueves 18 DE Abril DE 2019
Nación

PGN pide a CICIG investigar a tres exministros

Mariano Rayo, ministro de Salud, pidió en noviembre de 2015 una opinión legal a la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre el proceso utilizado para negociar, suscribir y homologar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre esa cartera y sindicalistas.

 

 

Fecha de publicación: 07-01-16
El ministro de Salud, Mariano Rayo, explicó la manera en que quedó estructurado el pacto colectivo. Por: Claudia Méndez Villaseñor cmendezv@elperiodico.com.gt

Ese instrumento laboral, que garantiza una serie de beneficios  a empleados del Ministerio de Salud, fue suscrito por el entonces ministro Jorge Villavicencio el 13 de agosto de 2013, y homologado por el de Trabajo, Carlos Contreras, el 12 de septiembre de ese año, según el dictamen de la PGN. Sin embargo, a la larga lista de privilegios se sumó en 2014 una adenda referente al pago de viáticos, el cual fue suscrito el 19 de diciembre por el exministro Luis Enrique Monterroso y homologado por Contreras ese mismo día.

Para María Eugenia Villagrán, procuradora general de la Nación, la forma como ese pacto colectivo fue negociado, suscrito y homologado está lleno de faltas, debido a que no existía una fuente de financiamiento para cumplir con los compromisos adquiridos en el mismo. Por ejemplo, el Bono de Antigüedad, el Incentivo Salarial, Incentivo Económico por un Trabajo Decente y la creación de las plazas en renglones permanentes equivalentes a Q1 millón 231 mil 490, entre otros.

Asimismo, ni Villavicencio ni Monterroso solicitaron al Ministerio de Finanzas un dictamen de opinión o pronunciamiento sobre el respaldo financiero del Estado destinado a cubrir dichos pagos. Tampoco incluyeron en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado “la forma y cuantía de la remuneración de todos los empleados y funcionarios de ese Ministerio, obtenidos mediante la negociación del pacto colectivo”, dijo Villagrán.

En el caso de Contreras, este al homologar este instrumento laboral “no verificó que se cumplieran los requisitos y que no violara disposiciones legales”, añadió la funcionaria.

Con estos hallazgos, la PGN solicitó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigar a los tres exministros por considerar que podrían haber incurrido en abuso de autoridad al negociar, suscribir y homologar de esta forma dicho Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

De acuerdo con Villagrán, esa solicitud se hizo en noviembre pasado y lo que corresponde a la PGN es identificar las fallas o faltas en los procedimientos. La persecución penal corresponde al Ministerio Público.

Mariano Rayo, ministro de Salud, explicó que en 2015 fueron pagados como compromisos del pacto colectivo Q331 millones 81 mil 976 correspondientes a: Q24 millones 903 mil 477 en concepto de viáticos; Q216 millones 710 mil por Bono de Antigüedad; Q20 millones 438 mil 499 en honorarios a los abogados que suscribieron este pacto colectivo; Q5 millones de Bono Navideño y Q64 millones 30 mil por el traslado de personal temporal a renglones permanentes.

Del año pasado quedó un pago pendiente por Q154 millones 711 mil 835. “Para 2016, el monto a pagar es de Q1,670 millones 286 mil 264”, añadió Rayo.

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