Miércoles 22 DE Mayo DE 2019
Nación

Velásquez espera actitud ética de exfuncionarios de la CICIG

El jefe de la CICIG descarta consecuencias procesales negativas ante la salida de abogados de la Comisión y del MP.

Fecha de publicación: 28-11-15
Iván Velásquez, titular de la CICIG, restó importancia a la creación de un bufete conformado por extrabajadores de esa entidad. Por: Boche / P. Vega elPeriódico

Ante la inquietud de las repercusiones en el proceso penal contra la red de defraudación aduanera denominada La Línea por el retiro de dos abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para formar un bufete privado, el jefe de ese organismo, Iván Velásquez, manifestó públicamente no tener “ni el mínimo temor de que, por la salida de funcionarios de la CICIG o del MP, este caso vaya a sufrir una consecuencia negativa”.

El titular del organismo de Naciones Unidas declaró ante los medios que todas las investigaciones son hechas por equipos. “Tendrían que retirarse más de diez personas y que toda la información que se ha construido desapareciera para decir que un caso está realmente en peligro”, añadió.

El pronunciamiento surge tras la confirmación de que los abogados costarricenses Cristian Gamboa y Christian Ulate –exjefe de la Unidad de Análisis y excoordinador legal de la CICIG, respectivamente– formarán un bufete privado en asociación con un empresario guatemalteco. Los juristas también buscan reclutar al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Antonio Morales, quien renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre. Su dimisión no ha sido aceptada por la fiscal general, Thelma Aldana, y el funcionario indicó que tampoco ha decidido si aceptará o no la oferta de los exmiembros de la Comisión.

Las investigaciones de CICIG-FECI son resultado del trabajo de unidades integradas por un abogado coordinador, investigadores policiales nacionales y extranjeros, analistas criminales, analistas financieros, explicó Velásquez. Igualmente, en el Ministerio Público hay una agencia fiscal integrada por un agente y auxiliares, agregó.

El comisionado expresó que hay una norma general que impide que las personas participen en asuntos de los que tuvo conocimiento y es una norma que aplica para todos. “Yo confío en el actuar ético de ellos como abogados”, declaró. El riesgo se diluye, según Velásquez, porque ninguno de ellos tenía específicamente bajo su responsabilidad expedientes que próximamente entrarán en fase intermedia, como La Línea.

Sin embargo, a la vista de actores del ejercicio profesional, la salida de los funcionarios tiene otras connotaciones.

Ven estrategia maliciosa

Según el vicepresidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, no habría que descartar que la integración de esta sociedad anónima es una estrategia para erosionar a la CICIG.

“Estábamos acostumbrados a litigios manipulados y a resoluciones políticas, pero la entidad rompió el estado de confort en que se manejaba el sistema de justicia. Puede que estos pocos que perdieron mucho estén armando una contrafuerza”, explicó Rodas.

Por su parte, el abogado Alejandro Balsells cuestionó la creación de una sociedad anónima como consultora legal, pues, según el Artículo 9 del Código de Comercio, no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal. “Un bufete no es una empresa”, afirma el abogado.

El jurista también ve preocupante que ellos tuvieron acceso a información delicada sobre el ex Presidente, así como de varios exfuncionarios. “Hay que ver lo de la seguridad nacional, es riesgoso en todo sentido”, expresa.

Aunque Ulate asegura que no utilizarán esa información que conocieron sobre los casos de alto impacto y no tomarán clientes acusados por la CICIG, Balsells objeta y ejemplifica con el caso de Chico Dólar. “Si es cierto que le están sirviendo como asesores a un banco, es imposible que los Barquín y Chico Dólar hayan movido más de Q900 millones sin que un banco se haya dado cuenta. Los casos de la CICIG no precisamente tienen que ser sobre los ya acusados, puede haber actores que estén bajo investigación o que simplemente esté involucrada”, asegura el profesional.

Se trasladan a Guatemala

Los dos abogados costarricenses renunciaron el 12 de noviembre al Poder Judicial de su país, tras haber obtenido un permiso especial sin goce de salario desde el 16 de febrero pasado, en el caso de Ulate, y desde el 1 de febrero de 2014 en el caso de Gamboa. Según el registro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ulate ya cuenta con la validación de su título por la Universidad de San Carlos, por lo que puede ejercer como abogado permanentemente, mas no como notario. Mientras que Gamboa acaba de iniciar el proceso de validación.