Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Nación

Confesión de tráfico de influencias para grandes empresas favorece a exministro Rodas Solares

Por considerar que no existe peligro de fuga u obstaculización a la investigación, jueza ordena liberación provisional de exalto cargo de Pérez Molina sindicado en Caso Redes, que también implica al ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, entre otros.

 

 

Fecha de publicación: 23-11-15
Por: Tulio Juárez
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Edwin Ramón Rodas Solares, quien se desempeñó como viceministro y finalmente ministro de Energía –por pocos días- del entonces presidente Otto Pérez Molina, ha sido favorecido este lunes con libertad condicionada por la jueza Judith Secaida, quien consideró que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la investigación por el sindicado, quien admitió haber intervenido en tráfico de influencias para grandes empresas en ese gobierno.

La titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal decidió lo anterior, luego de rechazar lo solicitado por la fiscalía para que el exfuncionario fuera procesado en procedimiento abreviado y se le impusiera la pena mínima de dos años de prisión. La Procuraduría General de la Nación se opuso a ello. El imputado reconoció haber sido intermediario –telefónico- con César Augusto Medina Farfán, negociador de beneficios para la carbonera Jaguar Energy.

La jueza ordenó que el Ministerio Público (MP) tiene que presentar en plazo de tres días próximos otra solicitud referente a la situación de Rodas Solares, contra quien la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa de haber cometido el delito de tráfico de influencias como funcionario del Ejecutivo para favorecer en el terreno de las aduanas a varias compañías privadas, lo que el MP y la CICIG investigaron como Caso Redes.

Antecedentes en detalle

Las capturas se ejecutaron el 9 de julio pasado. A partir de entonces, la CICIG y el Ministerio Público manejaron la siguiente información:

 

 

Gustavo Adolfo Martínez Luna, yerno de Otto Pérez Molina y hasta el 2 de junio pasado secretario general de la Presidencia, es involucrado por la Fiscalía General y la CICIG en una red de tráfico de influencias al más alto nivel, para servir intereses de terceros, incluidas empresas económicamente fuertes.

La jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, revelaron la implicación de un grupo de entonces altos funcionarios en el Ejecutivo y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), testaferros y compañías privadas.

Los acusados de diversos delitos son el entonces viceministro de Energía y Minas ­–y por pocos días ministro- Edwin Ramón Rodas Solares; Filadelfo Reyes Cáceres, exintendente de Aduanas; Lidia Lucrecia Roca Morales, jefa del Departamento de Normativas de la SAT, y Karin Paola Cancinos Muñoz, “prestanombre”.

Sin embargo, uno de los principales sindicados es César Augusto Medina Farfán, identificado por los investigadores como el “operador” y contacto principal de la banda con Martínez Luna y el en esa época titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán
–también procesado y preso por su participación en La Línea-.

Por ejemplo, Velásquez mencionó que mediante “escuchas” telefónicas se logró establecer la intervención del funcionario allegado a Pérez Molina para “acomodar” audiencias de empresarios de Zeta Gas, a efecto de lograr resultados positivos directos a ese nivel extremo.

Las pesquisas de El caso redes –apoyadas en documentación y los “pinchazos” telefónicos-, descubrieron que Medina Farfán contactó a su “gran amigo” Martínez Luna para que mediante su influencia programara una reunión de los personeros de esa compañía con el Presidente. Servían así a diversos intereses, citó la CICIG.

El hecho era que la gasera tenía necesidad de instalar un gran depósito en la aduana de Puerto Quetzal, Escuintla, por lo que sus personeros contactaron a Medina quien, luego de hacer lo mismo con personal de la SAT, adelantó algunas gestiones que incluyó la supuesta inspección para establecer si cumplían con los requisitos.

Una de las condiciones legales era que la firma interesada debía pagar la póliza de una fianza por US$5 millones como garantía por el funcionamiento del depósito, pero en el documento suscrito se sustituyó la hoja donde se escribió tal cantidad de dólares y fue colocada otra con la cifra por el equivalente de Q5 millones.

En tal acción intervinieron, y se documentó en la averiguación refirió Velásquez- el intendente de aduanas Reyes Cáceres, Roca Morales, del Departamento de Normativos de la SAT, y que contaron con el visto bueno del superintendente Muñoz Roldán, quien por todo lo actuado “obtendría beneficios económicos”.

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