Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Nación

Ligan a proceso a la banda Negociantes de la Salud

Jueza benefició con arresto domiciliario a la mayoría de los implicados en el caso de corrupción en el IGSS.

 

Fecha de publicación: 10-11-15
Los sindicados que fueron beneficiados con medidas sustitutivas deberán pagar una fianza de Q35 mil. Por: JOSÉ DAVID LÓPEZ jlopez@elperiodico.com.gt
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Después de ocho días de audiencia de primera declaración, la jueza suplente Mélida Vásquez otorgó arresto domiciliario a siete médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a dos proveedores de la entidad implicados en negociaciones anómalas para adjudicar diferentes contratos.

La juzgadora ordenó arresto domiciliario, arraigo, firmar el libro de medidas sustitutivas cada ocho días en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), no acercarse a las sedes ni a personal del Seguro Social y una caución económica de Q35 mil.

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron la prisión preventiva en su contra, pues podrían influir en testigos y personal del IGSS, así como ocultar y borrar evidencias necesarias para las investigaciones en su contra.

Sin embargo, la jueza argumentó que ese aspecto se podría evitar con la orden de no acercarse a las instalaciones del Seguro Social. Asimismo, sostuvo que los integrantes de la institución no ostentaban un cargo desde el que pudieran entorpecer las pesquisas.

La fiscalía indicó que en los próximos días podrían presentar una apelación contra las medidas sustitutivas dictadas a favor de los nueve implicados.

PRISIÓN PARA MURALLES Y TOLEDO

Juan Pablo Muralles y Alejandro Toledo Paz, proveedores señalados como principales operadores de la red delincuencial, permanecerán en prisión preventiva por orden de la juzgadora.

De acuerdo con Vásquez, ambos –según quedó en evidencia– poseen influencia en altos mandos del IGSS, por lo cual podrían interferir en las investigaciones e indicó que existía peligro de fuga, pues los dos han viajado en los últimos meses.

La jueza también resolvió ligar a proceso a los implicados por delitos como asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, luego de argumentar que las escuchas telefónicas expuestas por la fiscalía demostraban las negociaciones irregulares.

“Estas actitudes de servilismo y complacencia no son propias de un funcionario público”, afirmó la juzgadora sobre las llamadas interceptadas en las que participaron los médicos del Seguro Social y los operadores externos.

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Meses de investigación otorgó la juzgadora  a la fiscalía y a la CICIG.

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