Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Nación

Colaborador en caso Gasofa implicado en filtración en el MP

Rigoberto Castañón Mejía es sindicado por integrar una red que obtenía datos de forma ilícita sobre casos de crimen organizado.

Fecha de publicación: 07-11-15
Los sindicados en la red criminal denominada Cisne Blanco presentaron ayer su primera declaración. Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt
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Rigoberto Castañón Mejía –uno de los cinco sindicados de pertenecer a la red que filtraba información sobre la persecución penal contra el crimen organizado– es sometido por segunda vez ante la justicia. En 2013 enfrentó un debate oral y público junto a otros 11 acusados de pertenecer a una estructura de contrabando de combustibles que operaba con la colaboración de agentes aduaneros y fiscales, como él.

Castañón Mejía se desempeñó como auxiliar fiscal en Tecún Umán, San Marcos, entre 2005 y 2012 el ente para el que él trabajaba lo señaló de recibir sobornos a cambio de reportar a la estructura sobre acciones que habrían puesto en riesgo el trasiego de carburantes entre México, Guatemala y El Salvador, de acuerdo con el expediente judicial, del conocido caso Gasofa, enderezado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Como parte del proceso se estableció que Castañón Mejía recibió una camioneta como beneficio por servir de bandera a la estructura liderada por Marvin Delfino Barrios Marchena e integrada por empresarios, policías activos y de baja, así como particulares.

Luego de salir bien librado del caso Gasofa, Castañón Mejía ejerció su profesión de abogado y notario como procurador del litigante Luis Enrique López Coronado, receptor de la información confidencial y reservada que el exfiscal procuraba con tres trabajadores del Ministerio Público, entre ellos su esposa Gladys del Cid.

Del Cid se desempeñó como asistente de la Secretaría General del MP del 20 de mayo de 2013 hasta su captura la mañana del miércoles 4 de octubre, en su lugar de trabajo ubicado en el octavo piso de la sede central del ente investigador, a escasos metros del despacho de la Fiscal General.

Ayer en la audiencia de primera declaración de los sindicados de pertenecer a la estructura Cisne Blanco –nombrada así por la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC porque estaba integraba por abogados y trabajadores del MP aceptados socialmente sin causar sospechas– quedó en evidencia cómo Castañón Mejía y Del Cid en sus conversaciones telefónicas abordaban aspectos relacionados con casos de alto impacto.

En una de las interceptaciones reproducidas por la Fiscalía de Asuntos Internos, correspondiente al 13 de julio de 2015, Castañón Mejía y su esposa hacen referencia a la captura de Amin Hernández Sagastume, sindicado por pertenecer a la banda Los Cigarreros. En los primeros segundos, apenas y se escuchan los susurros de Del Cid, quizá por cautela a que sus compañeros la escucharan. Ella le enumera la lista de delitos por los que Hernández fue detenido. “¿Ya agarraron el caso o no?, pregunta Del Cid a su esposo”. “No, todavía no”, responde.

La tesis de la fiscalía es que la información recolectada por la red servía para alertar sobre operativos o para que López fortaleciera o mejorara su estrategia de defensa.

En otra comunicación entre Castañón y su jefe, el abogado López, el primero le asegura: “Por si le interesa, ya tengo las llamadas, el análisis, los audios y todo”, relacionado con la imputación contra Hernández.

Ofrecía US$1 mil por escuchas

Castañón también se comunicaba con el auxiliar fiscal Carlos Antonio Cisneros Torres, otro de los sindicados de pertenecer a Cisne Blanco, para solicitarle información confidencial. En otro caso, el exfiscal le pidió escuchas telefónicas a un miembro de la Fiscalía Contra el Narcotráfico, cuya identidad se reservó por seguridad, a cambio de US$1 mil y Q500 por cada hoja de los desplegados que obtuviera del sistema informático del MP. Ese hecho fue denunciado por un fiscal al que intentó sobornar. En esa ocasión Castañón quería datos relacionados con la familia Oajaca, señalada en abril por tener vínculos con el narcotráfico.

Durante un receso de la diligencia, Castañón Mejía indicó que pediría la reserva del caso para poder declarar ante la jueza Judith Secaida, pero sin periodistas ni demás público en la sala de audiencias. “Voy a hablar, pero no puedo hacerlo así, pondría en riesgo al Estado y a mi familia”, fueron las escasas declaraciones del exfiscal.

Mejía fue absuelto en 2013 por su calidad de colaborador eficaz con el compromiso de no reincidir en hechos ilícitos. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo del caso Gasofa, informó que revisarán el convenio para establecer si es posible o no revocar la sentencia.

Prófugo acudió a Cisne Blanco

Durante la imputación contra la red denominada Cisne Blanco el jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Stuardo Campo, expuso que la red le proveyó información a Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, prófugo por el asesinato de los tres periodistas en Mazatenango, Suchitepéquez.

CASO AMSA TAMBIÉN FUE ESPIADO

Gladys del Cid también le trasladó a su esposo, Rigoberto Castañón, datos sobre el caso de la compra de la sustancia para limpiar el lago de Amatitlán. El nombre del exdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán, Edwin Ramos, eran los datos que interesaban a la red.

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