Lunes 24 DE Junio DE 2019
Nación

Infecciones en pacientes renales subieron 900 por ciento con Pisa

La FECI presentará peritajes del Inacif y de la Contraloría General de Cuentas, para formular acusación por fraude contra 17 sindicados en el caso IGSS-Pisa.

 

Fecha de publicación: 19-10-15
Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt

Las infecciones en los pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aumentaron en un 900 por ciento desde que Droguerías Pisa fue contratada para brindar el servicio de  diálisis peritoneal, debido a la mala calidad de los medicamentos utilizados y deficiencias en los procedimientos, concluye uno de los peritajes que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentará para sustentar la acusación en el caso IGSS-Pisa.

La etapa intermedia del proceso penal contra los 17 involucrados en el contrato anómalo por Q116.2 millones otorgado a Pisa, se realizará del 1 al 7 de diciembre por disposición del Juzgado Sexto de Instancia Penal. En esta fase, la FECI presentará la acusación formal contra los imputados y la judicatura determinará si enfrentan o no debate oral y público por delitos como asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

Entre los sindicados figuran los exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre ellos el expresidente Juan de Dios Rodríguez, cinco miembros de la Junta de Licitación que autorizó el contrato y Otto Fernando Molina Stalling, el hijo de la magistrada Blanca Stalling.

Evidencias

Entre las pruebas que la FECI presentará ante el juzgado se incluyen peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que demuestran el deterioro en la salud de los pacientes con insuficiencia renal luego de someterse al tratamiento de diálisis peritoneal administrado por Pisa. Unos 35 afiliados fallecieron por peritonitis (infección del tejido que recubre la pared interna del abdomen) luego de esos procedimientos.

Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del IGSS, es uno de los acusados.

Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del IGSS, es uno de los acusados.

La fiscalía también cuenta con escuchas telefónicas que evidencian las negociaciones entre algunos de los sindicados para que el IGSS le adjudicara a Pisa el contrato por Q116 millones por el servicio de diálisis.

Además, un peritaje de la Contraloría General de Cuentas evidencia que el Seguro Social erogó Q3 millones para atender a los pacientes que presentaron infecciones, mientras que el contrato con Pisa establecía que esa compañía debía asumir el costo de los servicios médicos por los padecimientos que los usuarios sufrieran como consecuencia de la diálisis.

Los familiares de los fallecidos actúan como querellantes en el proceso, representados por un abogado de la organización Acción Ciudadana. La Asociación de Pacientes Renales del Seguro Social, en formación, también sigue de cerca el proceso, de acuerdo con su presidenta Soraida Macz. “Estamos en la lucha, no queremos que esto quede en la impunidad”, agregó.

Macz indica que aún hay pacientes que sufren las secuelas de las deficiencias en el tratamiento que recibieron con Pisa. En mayo pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron cargos contra 17 responsables de la contratación fraudulenta de Pisa, que habría sido favorecida por una negociación entre Molina Stalling y los directivos de la compañía, a cambio de una comisión de entre 15 y 16 por ciento sobre el valor del contrato.

Agencia fiscal investiga muertes

Una agencia de la Fiscalía de Delitos contra la Vida realiza las pesquisas necesarias para determinar la posible responsabilidad penal de Droguerías Pisa en la muerte de los afiliados del Seguro Social que se sometieron al tratamiento de diálisis peritoneal con esa compañía. Los pacientes han denunciado las deficiencias en la atención que recibían con esa empresa, lo que llevó a la formación de una causa penal por fraude en el contrato entre Pisa y el IGSS.

17
Personas han sido detenidas por el contrato anómalo del IGSS con PISA.