Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Nación

Ríos Montt con un pie en el hospital de Salud Mental

Sala de Femicidios rechaza en definitiva la exhibición personal solicitada, lo cual aceleraría su internamiento para pruebas psicológicas y físicas en el Federico Mora, zona 18, anuncia el MP.

Fecha de publicación: 28-07-15
Por: Tulio Juárez
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MP recibe notificación de Sala de Femicidios, que declara sin lugar exhibición personal planteada por defensa de Ríos Montt, indica el mensaje del Ministerio Público esta tarde en su cuenta de Twitter, extremo que ha sido confirmado por Julia Barreda, portavoz de la Fiscalía General.

 

Por lo tanto, luego de que la Sala –que el viernes dictó amparo provisional al dar trámite a la solicitud de los abogados del general- concluya las notificaciones de rigor a las partes procesales, el Tribunal B de Mayor Riesgo deberá programar audiencia para definir de nuevo sobre el traslado del paciente al centro asistencial.

 

El sábado 25 debió cumplirse la orden de hospitalización, emitida el jueves durante el inicio del juicio oral por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, pero lo frustró la exhibición personal concedida de forma provisional a favor del ex Jefe de Estado (marzo 23/1982 – agosto 8/1983).

 

Esta situación jurídica actual se deriva de un dictamen del Inacif que declaró que el general retirado padece “demencia senil”, por lo cual no está en pleno uso de sus facultades mentales, y que tampoco es apto para enfrentar proceso legal, por su incompetencia para asistir o atender audiencias judiciales.

 

Sin embargo, el diagnóstico fue demeritado por la Fiscalía de los Derechos Humanos, del Ministerio Público, que solicitó entonces ese día de la audiencia de apertura al Tribunal B, remitir al sindicado al Federico Mora para una serie de exámenes físico-psicológicos que establezcan su real condición.

 

Antecedentes

 

José Efraín Ríos Montt –con 89 años de edad en la actualidad- y el general Mauricio Rodríguez Sánchez, su director de Inteligencia Militar (G-2), fueron acusados de las masacres de 1 mil 771 indígenas del Triángulo Ixil por el Ejército en esa región de Quiché durante aquella época.

 

El 10 de enero del 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo encabezado por Iris Yassmin Barrios Aguilar, dictó 80 años incomutables de prisión al ex Jefe de Estado por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

 

No obstante, los tres jueces absolvieron por falta de pruebas a Rodríguez. La defensa reaccionó con amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que diez días después resolvió anulando todo lo actuado por errores procesales y ordenó repetir el juicio.

 

El nuevo debate público debía ser iniciado el 5 de enero de 2015, pero por una serie de circunstancias legales tuvo de ser suspendido y reprogramado al 23 de julio, lo que tampoco prosperó. Ríos Montt participaría por videoconferencia desde su casa en la zona 15.

 

Problemas en la interconexión virtual entre la vivienda donde uno de los acusados permanecía postrado, motivaron que se ordenara trasladarlo a la Torre de Tribunales. La defensa se opuso. El Tribunal B decidió que el general tenía que ser hospitalizado.

 

Esto último se concretaría el sábado pasado, los fiscales llegaron a la vivienda en la colonia Tecún Umán, zona 15, pero el amparo otorgado por la Sala de Femicidio echó por tierra el procedimiento al argumentar los abogados que se ponía en peligro su vida.

 

Aunque el Inacif dice que él presenta “un cuadro de deterioro cognitivo”, y menciona “senilidad y la posibilidad de un proceso de desintegración demencial, lo cual tiende a ser crónico, progresivo e incurable”, este martes quedó rechazado un amparo definitivo.

 

Conclusiones del Inacif:

 

< Al momento actual no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

 

< No es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra.

 

< No es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales.

 

< No es capaz de contribuir a su propia defensa.

 

< En consecuencia, no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales.

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