Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

Conserje del manicomio administra 153 empresas

Este reportaje fue publicado originalmente el 18 de junio de 2012. Ahora se dio a conocer que una de las firmas usadas para el blanqueo por parte de la estructura de Chico Dólar fue representada por este empleado del hospital psiquiátrico, utilizado como testaferro, protagonista de esta nota.

 

 

Fecha de publicación: 27-07-15
Por: A. Andrés/ F. Rodríguez
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Un empleado de la lavandería del hospital psiquiátrico nacional ha sido administrador de 153 sociedades anónimas, 8 de ellas proveedoras del Estado. No se trata de un empresario con vocación de servicio. Es el mensajero de un bufete que provee a sus clientes testaferros, una práctica generalizada para ocultar a los verdaderos socios de las empresas y defendida por los abogados guatemaltecos.

 

 

El piso está quebrado y encharcado y las grandes lavadoras industriales truenan en un viejo pabellón del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, en la zona 18. Bergil Yas González pasa aquí la mañana vaciando y llenando lavadoras con la ropa de cama de los pacientes. En la planilla del hospital figura como un trabajador operativo II que gana Q2 mil 200 mensuales. Tiene 39 años, bigote y una barriga que comienza a ser prominente. Su apariencia es la de uno de los muchos mensajeros que recorren la ciudad en moto. Y ese es precisamente el oficio que tuvo hasta hace 6 años, cuando consiguió su plaza en el único psquiátrico público del país.

 

 

Bergil conserva la moto y la utiliza todas las tardes para atravesar de norte a sur la ciudad y llegar puntual a la zona 13. Allí comienza su otra vida, la que se desarrolla en un bufete de abogados, ocupado con muebles de diseño y decoración feng shui, en el que hombres y mujeres de traje lo hacen firmar documentos y más documentos.

 

 

Sobre el papel, Bergil Yas González es uno de los ejecutivos más atareados e importantes del país. No muchas personas pueden decir que administran 153 sociedades anónimas, que han incursionado en negocios tan diversos como la minería, la generación de energía, las ventas por televisión, la maquila textil o la aviación, y que suscriben contratos millonarios con el Estado.

 

 

Pero Bergil sí lo ha hecho, y no le da mucha importancia. En la actualidad, es administrador de 103 sociedades (de las otras 50 ya están cancelados sus mandatos), pero no es algo que consideraría mencionar a sus compañeros del Federico Mora a la hora de la refacción, mientras observan vagar a los pacientes por los jardines. Pero si un día Bergil se decidiera a hablar, podría mencionar que, por ejemplo, pese a que como empleado público tiene impedimento para ser contratista del Estado, 2 de las empresas que administra le vendieron al Ministerio de Salud insumos sanitarios por más de Q7 millones solo en este año, o que cada vez que se inspecciona un contenedor con Rayos X en la Portuaria Quetzal una de sus sociedades gana Q192.

 

 

En un país en el que casi todos los vehículos llevan polarizados los vidrios, Bergil cumple una función equivalente: es el polarizado que requieren las sociedades anónimas para circular por el mercado, para “distribuir el riesgo”, según la jerga empresarial. Un día de hace aproximadamente ocho años, una de las personas de traje para las que trabaja como mensajero le propuso un trato: prestar su identidad a quien sus jefes determinaran. Desde entonces, el mensajero es un testaferro, un prestanombres o, como los abogados del bufete Díaz-Durán & Asociados –sus jefes– prefieren denominarlo: una persona interpuesta.

 

 

Riesgos y sociedades

 

“Desde hace unos cinco años para acá, cuando mis clientes quieren formar una sociedad nadie quiere asumir la responsabilidad de ser el representante legal; se pelean por no serlo”, le contó a elPeriódico un abogado de una firma especializada en Derecho Mercantil que pidió no ser identificado.

 

 

De acuerdo con el Código de Comercio, las sociedades anónimas pueden elegir entre dos formas para gobernarse: designar un Consejo de Administración o nombrar a un administrador único. En ambos casos, las personas seleccionadas asumen la representación legal de la empresa y responden por todo lo que haga la sociedad. Los socios solamente son responsables del capital que aportaron; sin embargo, sobre el administrador único o el presidente del Consejo de Administración recaen todas las culpas de manera personal. Si la empresa quiebra o evade impuestos, los socios pierden su dinero; sin embargo, el administrador es quien será juzgado. Bergil asume ese riesgo en 103 sociedades.

 

 

Por eso los socios rehúyen la representación legal y por eso mismo Bergil Yas resulta tan útil; su identidad tiene un valor que bufetes como Díaz-Durán venden en el mercado a los clientes que lo necesiten. Así, los empresarios interesados evaden responsabilidad legales: será a Bergil a quien la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le exija cuentas. También logran resguardar su identidad por motivos de seguridad: será Bergil quien sufra las extorsiones o a quien se le robe la identidad –elPeriódico ha documentado la clonación de empresas perpetrada por importadores de precursores de drogas, por ejemplo–. O buscan ocultarse por motivos menos legítimos, como evadir la prohibición de proveerle a entidades públicas a funcionarios y morosos con el Estado.

 

 

Contar con un testaferro también tiene ventajas colaterales como alejar a la prensa de asuntos sensibles. En febrero de 2010, elPeriódico se interesó en el contrato que suscribió la Portuaria Quetzal con la sociedad Desarrollos Circe, a cargo de las inspecciones con Rayos X de los contenedores que llegan al puerto –una exigencia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico–. La sede de la empresa estaba en las oficinas de Díaz-Durán & Asociados, en la zona 13. El administrador único era un hombre llamado Bergil Yas González. A la periodista que lo buscó se le informó que Bergil estaba fuera del país en un viaje de negocios.

 

 

Ley y Ética

 

 

La figura del testaferro no existe oficialmente en la legislación guatemalteca y, por ello, no es perseguible en sí misma. El paquete de reformas legales conocido como Ley Antievasión II, aprobado en el Congreso en febrero de este año, introdujo una primera regulación.

 

 

En el Artículo 31, la Ley Antievasión creó la figura de la “simulación fiscal”, destinada, básicamente, a facultar a la SAT a que persiga a las empresas que finjan transacciones para pagar menos impuestos. Sin embargo, el Artículo 31 también prevé otro supuesto: que el fisco podrá “formular los ajustes que se correspondan” contra las empresas que “transmitan derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas”.

 

 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) impugnó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el Artículo 31, y la CC declaró con lugar el recurso. Desde el 25 de mayo, por tanto, no está en vigor. “Había ciertos aspectos que no hacían viable la armonía entre este artículo y la Constitución. Daba demasiada discrecionalidad a la SAT”, se limitó a explicar Fredy Cabrera, presidente del CANG.

 

 

Ante el vacío legal, la utilización de prestanombres es un aspecto sujeto a la ética profesional de los abogados, aunque, más bien, según comprobó elPeriódico al sondear al gremio, no representa un dilema para la mayoría de profesionales. Es simplemente un servicio especializado que prestan los bufetes que aspiran a proveer una atención integral a sus clientes. Díaz-Durán, por ejemplo, es conocida en el gremio por ofrecer tanto “estructuras legales”, es decir sociedades para ser utilizadas de inmediato, como sociedades offshore en Panamá por medio de su alianza con el bufete Mossack & Fonseca, especializado en ese tipo de servicios.

 

 

elPeriódico entrevistó a Juan José Morales, abogado asociado en Díaz-Durán. Se le pidió su opinión sobre la posibilidad de colocar como administrador único de una sociedad a una persona que realmente no ejerza sus funciones, que solo firme documentos y se limite a seguir instrucciones. No se le mencionó a Bergil Yas.

–Una sociedad en la que una persona acepta tener la responsabilidad, pero no las facultades, es una sociedad de mentira. Habría que declarar interdicta a la persona que acepte unas condiciones así. Si en los estatutos de la sociedad se le quitan las funciones al administrador y se les dan a los socios, el Registro Mercantil debería intervenir–, respondió Morales.

–¿Y si no es explícito, si solamente se nombra a una persona que no sabe muy bien qué está haciendo y se le paga bien?

–Utilizar a una persona interpuesta tiene sus riesgos: se pierde el control de la sociedad. Para ser administrador único habría que exigir quinto grado de bachillerato o al menos una persona que sepa dónde está parada–, agregó.

 

 

Se le informó que su bufete coloca por lo menos a uno de sus mensajeros como administrador en sociedades de sus clientes. Morales argumentó, entonces, que en casos de personas que están en el extranjero se “puede pensar en ofrecer un servicio de estructura legal” y “domicialización de “identidad”; es decir, crearles una sociedad y ofrecer la sede del bufete como sede.

 

 

Pese a la desconfianza expresada por Morales, Bergil asegura que nunca se le ha pasado por la cabeza hacer otra cosa que no sea lo que le piden los abogados. “Ellos me explicaron los riesgos y nunca ha habido mayor problema, ellos me acompañan si hay que hacer una entrevista o ir a algún sitio. Gracias a Dios, todo está bien”, dijo.

 

 

Bergil asegura que está consciente de todas las implicaciones que conlleva su oficio. La posibilidad de que un día la SAT, la Intendencia de Verificación Especial o incluso el Ministerio Público toque a su puerta y él ni siquiera sepa en cuál de sus más de cien empresas surgió el problema es algo que, simplemente no lo preocupa. Para él la ventaja que ofrece su trabajo de medio tiempo es evidente. “Este trabajo tiene sus buenas prestaciones… uno no se hace millonario, pero esto sí da para vivir más tranquilo”, argumentó.

 

 

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