Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Nación

El Estado en crisis

Desde el 16 de abril, el gobierno de Otto Pérez Molina estalló en la peor crisis que se ha registrado en la vida política del país. Su principal círculo de asesores y colaboradores, sus ministros de confianza y titulares de instituciones  autónomas fueron descubiertos por los crímenes que se cometían a costa del erario público. El Presidente sigue en pie, pero la ciudadanía pide su cabeza; se encuentra pendiente de la opinión definitiva de la Corte de Constitucionalidad y del Congreso de la República que decidirán mantener su inmunidad o empujarlo a enfrentar un proceso en los tribunales. Especialistas se refieren al desgaste a que han sido sometidas las instituciones representadas por los señalados.

Fecha de publicación: 12-07-15
Por: J. López / C. Quintela / P. Vega elPeriódico
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1) El Presidente acorralado

Luego de los descubrimientos sobre corrupción de los colaboradores más cercanos del presidente Otto Pérez Molina, los señalamientos en su contra aumentan.

 

Primero, fue la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien renunció al cargo luego de que se inició el proceso contra miembros de la estructura criminal denominada La Línea y la desaparición de su secretario privado, Juan Carlos Monzón. Con ella su círculo cercano: su asistente Daniela Beltranena y la ex comisionada para la Transparencia y Gobierno Electrónico, Verónica Taracena. Luego, fue el turno del exsecretario General y yerno de Pérez Molina, Gustavo Martínez, quien fue capturado el jueves pasado por tráfico de influencias y asociación ilícita.

 

¿Cómo quedó la Presidencia?

Phillip Chicola, analista político, explica que se ha evidenciado que es un gobierno corroído por la corrupción, “esto genera dudas del Presidente, si él era cómplice o solamente si él era un mal jefe que no se dio cuenta. Me llama la atención que no se diera cuenta del enriquecimiento desmedido de sus cuadros. Tiene responsabilidad política y administrativa. La cabeza debe responder.

 

¿Cómo podría sanear?

“A estas alturas la permanencia del Presidente le genera más desgaste al Ejecutivo, la ciudadanía no confía en él, todos los casos de corrupción lo salpican, por muy bien que le vaya va a pasar a la historia como un Presidente que no se enteraba de nada. Alejandro Maldonado tiene que tomar más liderazgo y un rol más protagónico”, indica.

 

 

2) Un gabinete desmembrado

Uno de los hombres de confianza del Presidente, el jefe de campaña del Partido Patriota en 2011 y el designado para acabar con la inseguridad en el país, Mauricio López Bonilla, abandonó su cargo al frente del Ministerio de Gobernación, debido a presiones de la CICIG y de la Embajada de los Estados Unidos. La exministra de Ambiente y Recursos Naturales, cercana a Baldetti, Michelle Martínez, también salió del gobierno debido a que avaló dos contratos por Q137 millones en total para limpiar el lago de Amatitlán, que resultó ser un fraude. Le siguió el exministro de Energía y Minas, Erick Archila.

 

¿Cómo quedaron los ministerios?

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, opina que el gabinete se desintegró, “se pueden tachar rostros desde la primera foto. Esto sugiere un alto grado de inestabilidad asociado a que muchas de las redes de criminalidad que se hicieron públicas, esas redes se desintegraron, hubo una desbandada, e incluso unos que han sido capturados. Lo que se tiene ahora es una implosión del gobierno central, gente técnica también está señalada. Desde que inicia la crisis la política pública ha entrado en letargo, los pactos han quedado varados. No hemos vuelto a oír de Hambre Cero, señala.

 

¿Cómo podrían sanear?

“Es muy difícil, en esta crisis nadie quiere hacer nada porque puede parar en la cárcel. Los funcionarios evitan tomar decisiones, en este gobierno la salida no es tan inmediata. Con el cambio de gobierno hay una esperanza para recuperar la política pública. De aquí a la salida de Otto Pérez Molina vamos a ver un gobierno que reaccione de forma mecánica”, agrega.

 

 

3) Caso de la SAT

La investigación de la CICIG hecha pública el 16 de abril desmanteló una red de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La estructura, denominada La Línea, estaba integrada por funcionarios del gobierno y trabajadores de la SAT, e involucró al entonces superintendente, Omar Franco y al secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.

 

¿En qué situación quedó?

Según Ricardo Barrientos, analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el directorio de la entidad es su principal problema. “Se trata de una instancia carente de legitimidad, sin autoridad suficiente, sin responsabilidades, que no ha rendido cuentas”, señala.

 

El analista añade que la opacidad de la institución no ayuda a mejorar la situación. “Los directores son reacios a transparentar la institución”, cuestiona. A esto se suman los pocos datos hechos públicos cuando se decidió quién sería el nuevo superintendente, ya que nunca se conocieron los criterios de esta elección ni los resultados de la evaluación.

 

“La crisis institucional es grave. Además, las metas de recaudación fiscal no se van a alcanzar este año. Ya podemos sentenciar que en ninguno de los cuatro años de gobierno de Pérez Molina se alcanzaron”, concluye Barrientos.

 

¿Cómo se podría sanear?

En la hoja de ruta presentada por el Icefi para reestructurar la SAT, el Instituto señala como propuestas la prohibición del despacho aduanero de contenedores no manifestados; cambios en procedimientos aduaneros y portuarios; evaluación del modelo de gestión y reformas a la Ley Orgánica de la SAT.

 

 

4) Legislativo en entredicho

La presión sobre el Congreso surgió con el antejuicio contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y más tarde otro interpuesto contra el presidente Pérez Molina. Esta se incrementó después con la urgencia de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Además, la CICIG y el MP presentaron solicitudes de antejuicio, que comenzaron con el diputado Baudilio Hichos, de Lider y Pedro Muadi, de Creo, y continuaron esta semana con Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Rivera y Mario Yanes, de Lider.

 

¿Cómo quedó?

“El Congreso queda en entredicho, en el ojo del huracán”, resume el politólogo Renzo Rosal, quien recordó que la situación actual se suma al cuestionamiento y descrédito tradicional del Organismo Legislativo.

 

“Están viviendo una crisis propia. Hoy por hoy el Congreso está en una doble jugada. Es parte de la crisis y podría ser parte de la solución”, indica Rosal. “El Legislativo será junto con los otros partidos el responsable de dar cierta sostenibilidad a esta crisis. Si no atiende los reclamos de la población, estos se van a incrementar”, afirma.

 

¿Cómo podría sanear?

El politólogo explica que más que sanear, al menos debería poder contenerse la situación. “Mientras Libertad Democrática Renovada (Lider) y el Partido Patriota (PP) estén tan cerrados a la crisis, esta seguirá trasladándose al Congreso”, dice Rosal.

 

El analista añade que el Legislativo debe atender por presión social algunos temas de actualidad. “En la medida en que cierre filas, se inviabiliza a sí mismo. La Ley Electoral es la punta de lanza, y hay por lo menos un par de leyes más como la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Transparencia”, afirma.

 

 

 

5) La CSJ y el OJ, en resistencia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ) también han sido foco de señalamientos estos meses. La magistrada Blanca Stalling fue mencionada en una de las escuchas telefónicas presentadas contra los supuestos miembros del Bufete de la Impunidad, ese mismo caso le valió una solicitud de antejuicio a su cuñada y jueza Marta Sierra, quien habría recibido un soborno a cambio de favorecer a los cabecillas de La Línea.

 

Pero Sierra no ha sido la única, el MP y la CICIG también buscan retirarle la inmunidad a los jueces José Luis Patán y Carol Patricia Flores.

 

Hace unos días el comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General Thelma Aldana arremetieron contra los integrantes de la CSJ, luego de que estos entregaran un proyecto de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, sin incluir los cambios acordados en las mesas técnicas en las que participaron el MP y la CICIG.

 

¿En qué situación quedaron?

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, afirma que los magistrados y jueces han tenido serios golpes del MP y la CICIG, pero se resisten a una depuración del sistema. “Los jueces y magistrados continúan favoreciendo a los políticos con finiquitos y rechazando antejuicios”, agrega.

 

¿Cómo podrían sanearse?

De acuerdo con Mack, la única forma de mejorar esta situación es por medio de las reformas al sector justicia, entre estas la Ley de la Carrera Judicial. Esto para evitar que personas sin méritos asuman las magistraturas, según la experta en seguridad y justicia.

 

 

6) El Seguro Social, un botín

La corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) quedó al descubierto, después de que el MP y la CIGIG destaparon dos casos relacionados a la entidad.

 

En el primero fueron involucrados los integrantes de la Junta Directiva, entre ellos Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado del presidente Otto Pérez Molina, y otros trabajadores del Seguro Social. Todos señalados de participar en un contrato anómalo por Q116 millones.

 

El segundo expediente judicial involucra al diputado Baudilio Hichos, quien se benefició de un contrato de arrendamiento de un edificio por Q2.1 millones. El inmueble, alquilado por el Seguro Social, pertenece a una sociedad anónima presidida por el congresista. Además de negociar para obtener de forma fraudulenta un contrato por Q946 mil para remodelar la misma propiedad.

 

¿Cómo quedó?

“La situación del IGSS es dramática desde el gobierno de Alfonso Portillo hasta el actual, han sido quince años. Lejos de que las autoridades buscaran beneficiar a los trabajadores utilizaron la entidad como botín”, indica Oscar Vásquez, de la organización Acción Ciudadana.

 

¿Cómo podría sanearse?

Según Vásquez, se debería convocar a un proceso de reforma de los estatutos del Seguro Social. Explica que habría que reducir el poder que tiene el Organismo Ejecutivo dentro del IGSS. “No se debe dejar a un lado el tema de las pensiones y la jubilación, ni centrarse solo en los servicios médicos que presta la entidad”, añade.

 

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