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Piden al Supremo salvadoreño anular una ley que vulnera los estándares anticorrupción


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La organización Cristosal pidió este miércoles a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declare inconstitucional la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales por ser contraria a “criterios eficaces para prevenir la corrupción”.

Cristosal indicó en un comunicado que con dicha ley “se adopta un régimen de contratación distinto a la regla constitucional, donde la licitación pública debe ser la regla general, perjudicando la transparencia, la competencia y criterios eficaces para prevenir la corrupción”.

“La normativa vulnera además la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y aprueba de forma anticipada, general y abstracta concesiones que requieren autorización legislativa”, sostuvo Cristosal.

Indicó que dicha ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, el 23 de noviembre de 2021 y “es la herramienta legal para que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no esté sujeta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”.

“El Legislativo no tiene competencia para adoptar un sistema de contratación que prescinda absolutamente de la licitación pública”, señaló Cristosal en su demanda de inconstitucionalidad, dado que la Carta Magna indica que “la licitación pública siempre debe ser la regla general en compras públicas”.

Sostuvo que “la ley violenta el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual el Estado salvadoreño es firmante” y subrayó que la Constitución manda que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

“Si bien Cristosal no reconoce la legitimidad de la Sala de Constitucional actual, debido a que fue impuesta mediante un acto inconstitucional, valora el derecho con el cual cuenta la sociedad civil para usar los mecanismos que la ley le faculta”, concluyó.

Los actuales magistrados de dicha Sala fueron nombrados el 1 de mayo de 2021, cuando la actual legislatura del Congreso asumió y su primera acción fue separar los jueces constitucionalista en un proceso criticado, incluso por la comunidad internacional.

Agencias
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