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Comienza el juicio oral por la hidroeléctrica que rechazaba hondureña Berta Cáceres


Las seis personas son acusadas por “fraude, violación a los deberes, uso de documentos falsos y usurpación de funciones por el manejo de recursos en el río Gualcarque”, señaló el Supremo hondureño.

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Un tribunal de Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra seis personas acusadas de presuntas irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

El poder Judicial de Honduras indicó en Twitter que el proceso se celebra en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa, en cuyas inmediaciones se manifiestan indígenas de la etnia lenca para exigir “justicia para los pueblos”.

Por este caso, denominado “Fraude sobre el Gualcarque”, son acusadas seis personas, entre ellas el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano y Roberto David Castillo, quien fue condenado en junio pasado a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Berta Cáceres.

Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), cuando Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

La empresa DESA impulsaba la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca, a la que se oponía la ambientalista por considerar que causaba daños al medioambiente.

Las seis personas son acusadas por “fraude, violación a los deberes, uso de documentos falsos y usurpación de funciones por el manejo de recursos en el río Gualcarque”, señaló el Supremo hondureño.

En el juicio, que se alargará hasta el 19 de agosto, el Ministerio Público buscará demostrar que los acusados incurrieron en delitos contra la administración pública para “lograr que una empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque”.

Las constantes denuncias presentadas por Berta Cáceres permitieron “develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Según las investigaciones, Castillo era presidente ejecutivo de DESA y ejercía un cargo en la ENEE al mismo tiempo, lo que le “dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado”.

“En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses, lo que permitió y dejó pasar el exgerente de la ENEE Roberto Martínez Lozano”, señaló el Ministerio Público.

El caso fue investigado por la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sigue leyendo:

El Papa inicia visita “penitencial” a comunidades indígenas de Canadá

Agencias
Las mejores agencias de noticias desplegadas por todo el mundo, reportando los hechos para elPeriódico.

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