La ONU, indígenas, oenegés y allegados expresaron su indignación por el asesinato en la Amazonia brasileña de Dom Phillips y Bruno Pereira, que vincularon a la impunidad que impera en la región alentada por el presidente Jair Bolsonaro, un impulsor de la explotación comercial de las áreas protegidas.

La investigación por la desaparición del reportero británico y el indigenista el 5 de junio dio un vuelco el miércoles con la confesión de uno de los dos detenidos: Amarildo da Costa de Oliveira, que condujo a la Policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos, cerca de la ciudad de Atalaia do Norte, en la remota región del Valle del Javarí, fronteriza con Perú.

La Policía Federal (PF) halló ahí restos humanos, que anoche llegaron por avión al aeropuerto de Brasilia para su identificación. Los resultados saldrán la semana que viene.

El caso todavía tiene mucho por esclarecer: el móvil del crimen, las circunstancias de la muerte, al parecer con arma de fuego, el papel exacto que tuvieron los dos detenidos, Amarildo y su hermano Oseney, y sus eventuales cómplices y ordenantes.

Phillips, de 57 años y quien había trabajado como reportero para ‘The Guardian’ y otros prestigiosos medios, estaba trabajando en un libro sobre la preservación de la Amazonia. Pereira le hacía de guía en esta región en la que viven 26 pueblos indígenas, muchos de ellos aislados, y en la que operan narcotraficantes, mineros, pescadores y madereros ilegales.

Frente a este «acto brutal de violencia» la ONU urgió a Brasil a «acrecentar sus esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos y a los pueblos indígenas» por parte «de actores estatales y no estatales», dijo en Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.