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Mundo

Justicia climática y resistencia indígena


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El diagnóstico de la salud del planeta es terrible: la comunidad científica identifica el cambio climático como el “problema definitorio de nuestro tiempo”. Concluyeron que los objetivos para lograr la sostenibilidad “no pueden cumplirse con las trayectorias actuales.” Además, el secretario general de la ONU, António Guterres, se refiere a la “guerra contra la naturaleza” de la humanidad como “sin sentido y suicida’’.

Hay dos horribles realidades de la crisis climática. La primera es que quienes están en la primera línea no son responsables del aumento de las temperaturas a nivel global. Es un hecho que las naciones ricas contribuyen desproporcionadamente al calentamiento del planeta. La otra es que, si bien las comunidades del Sur Global están en la primera línea de defensa en contra de la crisis climática, ellas no figuran en las portadas de los periódicos del mundo. Muchos activistas se encuentran luchando para siquiera ser escuchados. Las personas con mayor riesgo viven en barrios marginales y trabajan al aire libre o en edificios mal ventilados. En otras palabras, las clases trabajadoras fuera de las democracias avanzadas industrializadas ya son las más afectadas.

El término “justicia climática” surge para explicar cómo los menos responsables del cambio climático –los más vulnerables, desfavorecidos y marginados– tienden a sufrir sus impactos más graves. Hay pocos grupos a los que esto se aplica más que a los pueblos indígenas, que han sido descritos como los más pobres y, por lo tanto, el segmento más amenazado de la población mundial en términos de vulnerabilidad social, económica y ambiental. Claramente, un desafío ético, el cambio climático está socavando el potencial para la distribución justa de los bienes necesarios para la vida, poniendo en peligro las perspectivas de las generaciones vivas, imponiendo graves riesgos a grupos que no han contribuido a las causas del cambio climático y provocando un profundo desacuerdo sobre los estilos de vida que implican altas emisiones de gases de efecto invernadero.

Las respuestas oficiales a la crisis son severamente inadecuadas hasta ahora. Aunque el desarrollo de infraestructuras y tecnologías libres de carbón, como paneles solares y baterías eléctricas, requiere materiales mineros como el cobre, litio, cobalto y níquel, esto no significa que la minería sea una solución al cambio climático. De hecho, los daños que el extractivismo inflige a los humanos, los animales y la naturaleza nos obligan a evaluar visiones y caminos contrapuestos hacia una rápida descarbonización. La elección pareciera clara: seguir confiando en una elite política y económica que ejerce control incontestable sobre nuestro futuro planetario a través de la minería a gran escala, sin respeto por los derechos de las comunidades locales, condiciones laborales justas, la igualdad socioeconómica y la integridad de los ecosistemas. O podemos emprender una transición energética justa que aborde la privatización del consumo de energía, termine con la austeridad neoliberal, cancele la deuda como una forma de reparación basada en el clima y respete los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza. Podemos elegir entre defensores oficiosos de un sistema viciado que nos empuja al precipicio o visiones utópicas del futuro propuestas por colectividades diversas y pueblos originarios.

El éxito de las prácticas indígenas habla por sí mismo. Actualmente, representan el cinco por ciento de la población mundial, pero protegen el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. En Guatemala, las resistencias indígenas contra el extractivismo —los kaqchikeles, en el departamento de Guatemala; los xinkas, en Santa Rosa; los ixiles, en Quiché; los k’iche’s en Totonicapán; los q’eqchi’es, en Izabal y Alta Verapaz— esbozan una imagen de los revolucionarios ecológicos de una época climática sin precedentes. Estos grupos se dedican a la militancia mediante la praxis no-violenta, situándose en relación tanto con la tierra como con las personas y conectando tecnologías sin presumir la superioridad de las más “modernas”. Esta es una política apropiada a los escombros de la catástrofe en curso, pero considerada no solo como un espacio de ruina y victimismo, sino como territorios de supervivencia y resistencia.

¿Cómo suturar las fisuras metabólicas provocadas por el extractivismo? En el momento en que se lucha directamente contra la mina Fénix, por ejemplo, también se está volviendo a aprender cómo vivir en la tierra de manera sostenible, cómo vivir en comunidad, cómo valorar la colectividad sobre la individualidad y cómo distribuir la riqueza y los recursos entre todos. Es hora de continuar las acciones simbólicas, pero incorporar las sustantivas. En el caso específico de El Estor, es hora de acatar la orden de la CC del 27 abril, que manda a la compañía minera a realizar una consulta comunitaria de buena fe y hacer valer las voces de las personas cuyas luchas enmarcan el movimiento global luchando contra el cambio climático.

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