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El Gobierno de Bukele admitió que la escalada de asesinatos fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro “los avances alcanzados”.
La diputada opositora Claudia Ortiz señaló este jueves que El Salvador necesita “soluciones y medidas a largo plazo” para enfrentar el fenómeno de las pandillas, a quienes se les atribuyen la mayoría de asesinatos que son cometidos en el país centroamericano.
La parlamentaria, de la formación Vamos, aseguró que “no es necesario quitarle garantías constitucionales a toda la población para combatir el crimen”.
El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.
“Hemos tenido una situación de inseguridad desde hace mucho tiempo y considero que no es necesario un régimen de excepción, es decir no es necesario quitarle las garantías constitucionales a toda la población salvadoreña para combatir el crimen”, apuntó Ortiz durante una entrevista televisiva.
Señaló que el Estado “debe garantizar el fortalecimiento de las instituciones de justicia, la investigación desde la Fiscalía, trabajar seriamente en la prevención y sobre todo generar condiciones para que la población pueda tener los servicios básicos a la mano”.
“Debemos abogar por soluciones a largo plazo y que no pasen por encima de los derechos de todos los salvadoreños (…) medidas integrales, medidas a largo plazo, eso es lo que necesita El Salvador y no solo despliegues (policiales y militares) que en el momento son muy mediáticos”, agregó.
Ortiz subrayó que se abstuvo de votar en la sesión extraordinaria del 27 de marzo para aprobar la implementación del régimen de excepción y para su extensión.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, medida cuyos primeros 30 días concluyeron el miércoles pero que continúa por una ampliación aprobada por la Asamblea Legislativa el domingo pasado.
La Constitución de El Salvador exige que para ampliar un régimen de excepción -cuyo periodo máximo debe de ser de 30 días, es necesario que se mantengan las mismas circunstancias que lo originaron, en este caso la ola de asesinatos.
El Gobierno de Bukele admitió en su solicitud de ampliación, enviada al Congreso, que la escalada de asesinatos fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro “los avances alcanzados”.
El estado de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
Los primeros 30 días de dicho régimen también han estado marcados por las denuncias en redes sociales de detenciones arbitrarias y de llamados de organismos nacionales e internacionales a atender supuestos abusos y violaciones a derechos humanos cometidos durante este periodo.
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