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Mundo

Defensa de Hernández demanda en EE.UU. a presidente del Congreso de Honduras


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Un detective privado que forma parte de la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández presentó este miércoles en un tribunal de Manhattan una demanda por difamación que reclama 20 millones de dólares al presidente del Congreso de Honduras y al ministro de Comunicación.

En la querella, de la que la AFP obtuvo una copia, aparece también el nombre de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, aunque está tachado a mano.

Según la defensa, tanto el ministro de Comunicación Milton Benítez, desde el medio digital El Perro Amarillo, como el presidente del Congreso Luis Redondo desde La Pauta, «orquestaron una persecución por parte del gobierno de Honduras» contra el detective Ángel Martínez.

En un mensaje dirigido a la AFP, la defensa explicó que el actual gobierno hondureño habría incurrido en «obstrucción a una investigación de defensa federal» así como en «difamación e injurias después de una información falsa que acusa al detective Ángel Martínez de visitar una supuesta finca que dicen pertenece a Yani Rosenthal, donde supuestamente cayó una avioneta con drogas».

El querellante considera que esta información es «fabricada», al igual que «las evidencias fabricadas en el caso de Juan Orlando Hernández».

«¡Me quieren ligar a mí con el narcotráfico!», exclamó a la AFP Martínez, que asegura que la propiedad pertenece «desde hace años a un amigo» suyo, el ciudadano hondureño Óscar René Zepeda Valladares.

Los denunciados tendrán 21 días después de recibir la notificación para dar una respuesta y, según la defensa, tendrán que comparecer en la corte federal del distrito sur para responder a estas acusaciones.

Rosenthal fue candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones hondureñas de 2021 que ganó Castro.

La corte del distrito sur de Manhattan instruye el caso de Hernández, que fue extraditado a Nueva York el pasado jueves para responder ante la justicia estadounidense de las acusaciones de tráfico de cocaína y un doble cargo de tráfico de armas.

Dicha corte acogió la demanda porque el querellante reside en Nueva York y las «declaraciones falsas y difamatorias realizadas por los acusados se publicaron en Honduras, Nueva York, Florida, California, Washington DC».

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