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¿Quiénes son los rohinyás?


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Estados Unidos se dispone a declarar oficialmente este lunes que la violencia del ejército de Birmania contra los musulmanes rohinyás, que ha obligado a huir del país a más de 700 mil personas, supone un caso de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Se trata del último capítulo en la larga y tumultuosa historia de esta comunidad, una de las poblaciones apátridas más grandes del mundo.

En torno a un millón de rohinyás vivía en el estado de Rakáin, en el oeste de Birmania, de mayoría budista, antes de que gran parte de esta comunidad fuera forzada a huir de la zona durante una dura campaña de represión del ejército en 2017.

Pero las preguntas sobre sus orígenes e identidad siguen siendo muy discutidas, levantan acalorados debates y se encuentran detrás de gran parte de los recientes altercados.

Una larga historia

Según algunos expertos, los rohinyás son descendientes de comerciantes árabes, turcos o mongoles y soldados que en el siglo XV emigraron al estado de Rakáin, antes denominado Reino de Arakan.

Otros historiadores dicen que emigraron desde Bangladés en distintas olas, una teoría muy extendida en Birmania.

Durante siglos, la minoría musulmana del país convivió de forma pacífica con la mayoría budista en el reino independiente.

El conflicto comenzó a partir de finales del siglo XVIII, cuando el reino fue conquistado por los birmanos y más tarde por los británicos.

Como parte de su política del “divide y vencerás”, los británicos favorecieron a los musulmanes, reclutándolos como soldados durante la Segunda Guerra Mundial y enfrentándolos a los budistas alineados con los japoneses mientras el conflicto se desarrollaba en suelo birmano.

Su estatus se fortaleció en 1947 cuando se redactó una nueva Constitución, que les otorgó plenos derechos legales y de voto.

Reciente persecución  

El golpe militar de 1962 inauguró una nueva era de represión, y en 1982, una ley les quitó el estatuto de minoría étnica reconocida en el país.

La mayoría vivía en Rakáin, pero se les negó la ciudadanía y se les empezó a acosar, limitando su capacidad de movimiento e imponiéndoles restricciones para trabajar.

Cientos de miles de rohinyás huyeron a Bangladés en sucesivas olas de violencia, en 1978 y 1991-92.

Debido a su uso de un dialecto similar al que se habla en Chittagong, el sudeste de Bangladés, los rohinyás son despreciados por muchos birmanos, que los ven como inmigrantes ilegales y los llaman “bengalí”.

Después de que la junta militar fuera disuelta en 2011, el país vivió un aumento en el extremismo budista que marginó aún más a los rohinyás y marcó el comienzo de la última era de tensiones.

Violaciones, asesinatos y otras atrocidades

La violencia sectaria entre los musulmanes sunitas rohinyás y las comunidades locales budistas comenzó en 2012, dejando más de 100 muertos.

Decenas de miles de rohinyás escaparon del país en los cinco años siguientes a Bangladés y otros países del sudeste asiático, viajando por mar en peligrosas expediciones organizadas por redes de traficantes. 

A pesar de décadas de persecución, los rohinyás habían evitado en gran medida la violencia. Pero en 2016, un grupo militante pequeño y previamente desconocido, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), llevó a cabo una serie de ataques letales contra las fuerzas de seguridad.

El ejército de Birmania respondió con una brutal y masiva campaña de represión: se estima que 391.000 rohinyás huyeron a Bangladés en 2017, según Naciones Unidas, trayendo consigo historias desgarradoras de asesinatos, violaciones y otras atrocidades.

Falsas esperanzas

Aung San Suu Kyi, opositora que fue elogiada internacionalmente por décadas de resistencia a la junta, tras ser elegida como dirigente de facto del país no solo ignoró los abusos a los rohinyás, sino que defendió la conducta del ejército y en 2019 viajó a La Haya para rebatir los cargos de genocidio en el tribunal superior de la ONU. 

En febrero de 2021, los mismos generales que la habían defendido, la volvieron a encarcelar mientras el país sufría otro golpe de Estado. La junta actual afirma que el tribunal de la ONU no tiene jurisdicción y ha pedido que se desestime el caso.

Andrea Castillo
Editora Audiovisual. Periodista con especialidad en comunicación digital y redes sociales.

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