Se inicia audiencia contra implicados en masacre de jesuitas en El Salvador

Una corte de El Salvador instaló este jueves la audiencia inicial en contra de 13 personas, entre ellas el general retirado Rafael Bustillo y expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), señalados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles— y dos colaboradoras en 1989 en el contexto del conflicto interno.

La diligencia se lleva a cabo en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y los implicados están siendo procesados por omisión en el delito de asesinato, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

“Estamos en presencia de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra”, dijo a la prensa uno de los fiscales del caso, cuyo nombre no fue proporcionado por seguridad.

Los únicos presentes en el comienzo de la audiencia son el general retirado Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, y el teniente coronel retirado Carlos Camilo Hernández.

Bustillo manifestó a periodistas que espera que el proceso “sea justo, apegado a la ley, y a la verdad”.

“Estoy aquí de nuevo porque soy inocente, el martes me presenté (para conocer los cargos que se le imputan) y hoy de nuevo estoy aquí. Los falsos señalamientos que han traído hasta este momento que han manchado mi nombre y mi honor, no le debo nada a nadie”, expresó.

Bustillo es parte de las 13 personas, incluido el expresidente Cristiani, involucradas en la masacre, de acuerdo con un requerimiento presentado el pasado 25 de febrero por el Ministerio Público ante la Justicia.

Además de Cristiani, Hernández y Bustillo, también son señalados los militares Juan Orlando Zepeda Herrera, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.

Diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.