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Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, los opositores encarcelados con edad avanzada son víctimas de enfermedades físicas y mentales, como producto de un encierro que organismos humanitarios han calificado de “injusto”.
La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) advirtió este miércoles que en Nicaragua hay al menos 21 opositores detenidos mayores de 60 años que están viviendo una “crisis humanitaria”, debido a su edad y condiciones de salud.
Entre los detenidos se encuentra Edgard Parrales, de 79 años, un antiguo sacerdote diocesano defensor de la teología de la liberación que, al igual que los otros 20 adultos mayores, según sus familiares, sufren enfermedades crónicas y no reciben atención médica especializada dentro de la cárcel.
“Si no tienen medicamentos (en la prisión), para nuestros presos mayores es de gravedad, porque por la edad ya no pueden resistir. Estamos ante una crisis humanitaria”, dijo a Efe el dirigente de la AFPP Ulises Rivas.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los opositores encarcelados con edad avanzada son víctimas de enfermedades físicas y mentales, como producto de un encierro que organismos humanitarios han calificado de “injusto”.
El Mecanismo sostuvo que los “presos políticos” sufren una “alarmante pérdida de peso, problemas en la vista o ceguera por la inadecuada iluminación en las celdas, problemas dentales a causa de la insuficiente alimentación, alteraciones en su metabolismo, alergias y otros problemas dermatológicos, secuelas por la covid-19, y afectaciones a su salud mental por el aislamiento”.
Angustia y otras enfermedades
Para el dirigente de la AFPP, que también guardó prisión, los problemas más comunes en los “presos políticos” de todas las edades es la angustia, que causa “presión arterial alterada” y problemas “respiratorios, gástricos, dolor de cabeza, fiebre, mareo, vómito, infecciones renales”.
Rivas mencionó el caso de Parrales, el de la defensora de los derechos humanos Eveling Pinto, de 63 años, y el del gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, de 55 años.
Parrales, que se encuentra privado de libertad desde el 22 de noviembre pasado, necesita atención constante porque no tiene intestino y sufre una hernia, advirtió.
Parrales fue embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ministro de Bienestar Social durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario Daniel Ortega.
Pinto es una sobreviviente de cáncer que sufre hipertensión e insuficiencia renal crónica, y Holmann fue operado del corazón el año pasado y tiene un problema en uno de sus ojos que le podría hacer perder la vista, según sus familiares.
Preocupación tras muertes de exguerrillero
La preocupación sobre los adultos mayores detenidos ha crecido tras la muerte del histórico combatiente sandinista Hugo Torres, de 73 años, que fue trasladado de un calabozo hacia un hospital donde falleció el pasado 12 de febrero bajo custodia policial a causa de una “enfermedad” aún no revelada por las autoridades.
Una semana después de la muerte de Torres, la Justicia envió a sus casas, bajo “detención domiciliar”, a Arturo Cruz, de 68 años, que aspiró a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, a el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y al exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años.
Según la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, los reos “mayores de 70 años o que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del médico forense”.
De los “presos políticos” con 60 años o más, dos fueron capturados en 2014, uno en 2019, otro en 2020, y 17 en el contexto de las elecciones generales de 2021.
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