Alex Saab, aliado de Maduro fue informante de la DEA

La defensa del empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado en Miami (Florida, EE. UU.) de un cargo de lavado de dinero, aseguró ayer que el Gobierno de Nicolás Maduro conocía de su cooperación con las autoridades estadounidenses.

Saab, presunto testaferro de la Administración de Maduro, señaló por medio de sus abogados que los documentos divulgados ayer por un juez de EE. UU. buscan “tratar de debilitar la solidez de la relación” de él con Venezuela.

Durante una audiencia celebrada ayer en Miami, el juez Robert N. Scola ordenó la divulgación “inmediata” de dos documentos del expediente judicial que evidencian la cooperación de Saab con el Gobierno estadounidense, al que pensaba entregarse.

Su defensa, sin embargo, “aclara” en un comunicado replicado en redes sociales por Camila Fabbri, esposa del empresario, que el “único propósito” de las reuniones de Saab con el Departamento de Justicia estadounidense “era confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo”.

El abogado de Saab, David B. Rivkin, subraya en el comunicado que “cualquier supuesta interacción” de Saab con el Departamento de Justicia y varios agentes de las fuerzas del orden público estadounidense, “se llevó a cabo con el pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela”.

Según los documentos divulgados “en el transcurso de casi 12 (12) meses, Saab Morán cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)”. En los documentos, Saab admite “que había pagado sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela”.

El empresario “proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial para la DEA y entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva”, se agrega.

Los papeles además indican que en agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá (Colombia) y fue interrogado y proporcionó información sobre los contratos de sus empresas con el Gobierno de Venezuela “para construir viviendas de interés social”.

La cooperación concluyó en mayo de 2019, después de que el empresario colombiano no cumpliera el plazo para entregarse a Estados Unidos. Dos meses después, la justicia del país norteamericano lo imputó por el caso de blanqueo de dinero.