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Hasta que dejó el cargo el pasado 27 de enero Hernández había estado protegido de ser procesado por una política del Departamento de Justicia de no acusar a jefes de Estado en ejercicio.
El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, por cargos relacionados con narcotráfico, según múltiples fuentes familarizadas con el caso que hablaron con ‘Univision Noticias’.
La solicitud fue entregada a la Corte Suprema de Justicia, donde el caso será asignado a un juez, hoy.
La existencia de una solicitud de extradición significa que se ha presentado una acusación en un tribunal estadounidense contra esa persona.
Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
La solicitud de extradición de Hernández es una conclusión extraordinaria de una profunda investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas en el país centroamericano, que los fiscales han descrito como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
La extradición de Hernández ha sido ampliamente esperado después de que fuera nombrado coconspirador en tres casos en Nueva York, uno de los cuales implicaba a su hermano menor, el exlegislador Juan Antonio (Tony) Hernández, que fue condenado por tráfico de drogas y cargos de armas relacionados y ahora está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en prisión.
El exmandatario, que dejó el cargo hace apenas dos semanas, ha negado con vehemencia todas las acusaciones en su contra relacionadas con el narcotráfico, calificándolas de mentiras inventadas por criminales violentos que buscan reducir sus sentencias.
Corredor de drogas
Hernández, de 53 años, comenzó su carrera política en 1998 cuando ganó un escaño en el Congreso por el Partido Nacional en representación de su departamento natal, Lempira, situado en la frontera montañosa cerca de Guatemala, un corredor del tráfico de drogas favorito para los traficantes.
Según el testimonio en el juicio de su hermano, cuando se presentó a un tercer mandato en 2005, supuestamente recibía el apoyo de los traficantes.
En 2010, Hernández se convirtió en presidente del Congreso, presuntamente con la ayuda de traficantes que financiaron la campaña del Partido Nacional y sobornaron a otros legisladores para que apoyaran su candidatura a la dirección de la cámara.
En enero de 2012, ayudó a impulsar en el Congreso una reforma constitucional que allanó el camino para que los traficantes hondureños fueran extraditados a Estados Unidos, un hecho que suele citar en su defensa. “Una persona coludida con el narcotráfico no habría aprobado la extradición”, dijo en febrero de 2021 ante el Congreso.
En 2014, fue elegido gobernante de Honduras, supuestamente ayudado por millones de dólares en sobornos de los traficantes –incluyendo un millón de dólares del notorio exjefe del Cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán–. Durante la campaña, los fiscales alegan que se reunió con un traficante, Geovanny Fuentes, para conspirar para “meter la droga en las narices de los gringos”. Fuentes fue condenado el año pasado por tráfico de drogas y cargos relacionados con las armas.
Juan Orlando Hernández fue nombrado posteriormente coconspirador no acusado en otros dos casos de narcotráfico, entre ellos el de Geovanny Fuentes y el del exjefe de Policía Juan Carlos el Tigre Bonilla, que actualmente está prófugo. Según los fiscales, Hernández encomendó a Bonilla “tareas especiales, incluyendo el asesinato”.
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