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Austria es el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra el COVID-19, con multas de entre €600 y €3,600 (US$685 a US$4 mil 100) si se incumple, una medida que pretende elevar el bajo nivel de inmunización, pero que ha generado debate y una fractura social en el país.
La ley federal sobre la vacunación obligatoria entró en vigor formalmente ayer, menos de tres meses después de que el gobierno conservador-ecologista la anunciara, al considerar que es la mejor vía para contener la pandemia, proteger al país de nuevas oleadas y evitar el colapso hospitalario.
Quedan exentas las embarazadas, los menores de 18 años, las personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días.
Al menos un 25 por ciento de las personas en Austria sigue sin vacunarse, y solo el 68 por ciento tiene actualmente la pauta completa en vigor. Sondeos recientes señalan que casi un 40 por ciento de la población rechaza esta ley.
Muchos expertos en sanidad coinciden en que en Austria el gobierno falló en su estrategia de comunicación para animar a las personas a vacunarse. Hasta la fecha, la tasa de inmunización no ha avanzado mucho en el país y se mantiene a un nivel más bajo que los de Francia o España, en alrededor del 70 por ciento de la población.
En Alemania, un proyecto similar defendido por el nuevo canciller, Olaf Scholz, comenzó a ser debatido el 26 de enero.
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