sábado 28 enero 2023
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Las calles de las grandes ciudades de Birmania quedaron vacías el martes y, desde sus casas, los habitantes aplaudieron para desafiar a la junta, en el primer aniversario del golpe de Estado militar que sumió al país en la violencia.
Rangún, la capital económica, estaba desierta y muchas tiendas permanecieron cerradas. Esta huelga silenciosa, convocada por los opositores al régimen, fue muy seguida en todo el país del sudeste asiático.
“El silencio es el grito más fuerte que podemos lanzar contra los soldados y su sangrienta represión”, afirmó una opositora en Twitter.
En las redes sociales se podían ver imágenes de birmanos en su casa haciendo un saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.
Por la tarde, se oyeron fuertes aplausos en varios barrios de Rangún y Mandalay (centro) para marcar el final de esta protesta silenciosa, constataron periodistas de la AFP.
Las autoridades advirtieron que estas acciones podrían ser calificadas de alta traición, un delito pasible de varios años de cárcel. En Rangún, 10 personas fueron detenidas, según la prensa local.
En paralelo, hubo manifestaciones promilitares en regiones no especificadas, según videos sin fecha difundidos por las autoridades. Partidarios del régimen enarbolaron la bandera nacional y denunciaron a las “Fuerzas de Defensa del Pueblo”, milicias ciudadanas que efectúan operaciones de guerrilla contra las fuerzas de seguridad.
Un atentado con bomba contra una concentración promilitar en Tachilek (este) causó varias víctimas, informaron medios locales, sin dar un balance exacto. Por el momento, la AFP no pudo comprobar estas informaciones.
En unos comentarios publicados el martes, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, insistió en que el golpe respondió a un fraude en las elecciones de 2020 ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi y consideradas limpias por la comunidad internacional. Y repitió su compromiso de celebrar elecciones “libres y justas” en agosto de 2023 si se ha restablecido la estabilidad.
El golpe que derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Suu Kyi estuvo seguido por protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas por los militares en una represión que ha dejado más de mil 500 civiles muertos y 9 mil todavía detenidos, según una oenegé local.
Frente a esta espiral de violencia, la presión crece contra la junta, investigada por la ONU por crímenes contra la humanidad.
“La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania tendrán que rendir cuentas”, advirtió Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania.
Según su jefe, los informes del último año “sugieren que más de mil personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”.
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones coordinadas contra altos cargos del país.
“Mientras el régimen prive al pueblo de Birmania de su voz democrática, haremos que los militares y sus partidarios paguen por ello”, advirtió el presidente estadounidense Joe Biden.
Londres “siempre defenderá el derecho a la libertad (…). Haremos que este régimen brutal y opresivo rinda cuentas”, prometió por su parte la secretaria británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss.
Desde el alzamiento militar que puso fin a una década de democracia, Aung San Suu Kyi, de 76 años, está en arresto domiciliario en un lugar secreto.
La lideresa civil, laureada con el premio Nobel de la Paz, ya ha sido condenada desde entonces a seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.
Suu Kyi enfrentar otros cargos, por supuesta presión a la comisión electoral en los comicios de 2020, indicó una fuente conocedora del caso. El juicio debe durar seis meses.
En una declaración común, los ministros de Exteriores de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron a la comunidad internacional a terminar con “el flujo de armas” hacia Birmania.
Sin embargo, muchos expertos consideran que estas declaraciones son demasiado superficiales y piden al Consejo de Seguridad de la ONU que decrete un embargo mundial contra la venta de armas al país asiático.
“No es la hora de la retórica, sino de una acción significativa”, dijo Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Birmania.
Entretanto, la ONU hizo este martes un llamado de financiación récord, de 826 millones de dólares, para responder a las necesidades de 6,2 millones de personas en Birmania este año.
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