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Mundo

Exlíder birmana Aung San Suu Kyi será procesada por fraude electoral


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La junta de Birmania acusó a Aung San Suu Kyi de haber manipulado a la comisión electoral durante los comicios de 2020, informó una fuente este lunes, un año después del golpe de Estado.

Suu Kyi, de 76 años, ha estado detenida desde el golpe, perpetrado el 1 de febrero del año pasado, y que los militares justificaron alegando que el gobierno había incurrido en fraude electoral.

El golpe de Estado dio lugar a protestas masivas y una sangrienta represión que se saldó con cerca de 1.500 civiles muertos, según un grupo de monitoreo local.

Desde entonces, la premio Nobel de la Paz enfrenta varios cargos, incluyendo violación de los secretos de Estado. Si fuera declarada culpable de todos ellos, la suma de las sentencias superaría los 100 años de prisión.

Además, fue acusada de haber influido en la comisión electoral del país durante las elecciones de 2020, en las que su partido derrotó a un rival afín a los militares, informó una fuente próxima al caso.

El caso quedará cerrado en un plazo de seis meses, dijo la fuente.

El expresidente Win Myint, un partidario de la Liga Nacional para la Democracia (LND), la formación de Aung San Suu Kyi, también deberá hacer frente a los mismos cargos, según la fuente.

Varios funcionarios de la comisión electoral fueron arrestados desde el golpe, acusados de haber orquestado la victoria de la LND.

La junta anuló los resultados de los comicios de 2020 el pasado julio, afirmando haber encontrado cerca de 11,3 millones casos de fraude, y prometió convocar elecciones en agosto de 2023.

Observadores independientes señalaron no obstante que las elecciones de 2020 fueron libres y justas. 

De cara al aniversario del golpe, el próximo martes, los militares advirtieron que todo el que salga a protestar o comparta «propaganda» contra la junta podría ser acusado de alta traición o en virtud de las leyes antiterroristas.

Suu Kyi ya ha sido sentenciada a seis años de cárcel por haber importado ilegalmente unos walkie-talkies, incitar a la población contra los militares y violar las normas contra el COVID-19.

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