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Corte de Colombia ordena al gobierno proteger a exguerrilleros castigados por la violencia


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La Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno proteger a los exguerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz en 2016 y son blanco de una espiral de violencia que deja unos 300 desmovilizados asesinados.

De acuerdo a un fallo dado a conocer este viernes, el alto tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Magna consideró que los “derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz” de los antiguos rebeldes “fueron desconocidos” por entidades estatales.

Teniendo en cuenta “el alto número de firmantes del acuerdo final de paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados la Corte también decidió declarar el ‘estado de cosas inconstitucional'”, anunció la magistrada Cristina Pardo en una exposición virtual del fallo.

Con una votación de 5 contra 4, la sala plena de la Corte adoptó este mecanismo de origen jurisprudencial que se declara en escenarios de graves violaciones de derechos fundamentales y ante la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas.

La Corte Constitucional ordenó al gobierno que “adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz”, advirtió la magistrada Pardo.

La decisión incluye la creación de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte que verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas en el fallo.

También pidió a la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas, que revalúe el riesgo al que se enfrentan los exguerrilleros y tome nuevas medidas para evitar que los maten.

El alto consejero presidencial del posconflicto, Emilio Archila, criticó el fallo, aunque se comprometió a acatarlo.

“Yo realmente no comparto que se hubieran dado las condiciones para declarar un ‘estado de cosas inconstitucional'”, aseguró Archila en Blu Radio.

El gobierno del presidente conservador Iván Duque ha sido crítico del acuerdo que firmó en 2016 su antecesor, Juan Manuel Santos, con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en partido de izquierda con una pequeña representación legislativa.

En el poder desde 2018, el mandatario intentó sin éxito reformar el pacto de paz a través del Congreso, anclado en su rechazo al sistema especial de justicia que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto de casi seis décadas con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los exguerrilleros comparecen ante la justicia de paz, mientras son blanco de la peor arremetida de grupos que se marginaron del histórico acuerdo y otras organizaciones financiadas por el narcotráfico, que según las autoridades son los principales responsables de los crímenes contra las antiguas FARC.

Andrea Castillo
Editora Audiovisual. Periodista con especialidad en comunicación digital y redes sociales.

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