Justicia mexicana ordena prisión contra “el Chapo” y García Luna

Fotografía de archivo del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna.

Joaquín el Chapo Guzmán y el exministro de Seguridad Genaro García Luna, ambos en cárceles estadounidenses, son investigados en México con relación a un operativo encubierto de Estados Unidos para introducir armas a este país, informó la Fiscalía General.

Un comunicado de la Fiscalía informó ayer que un juez federal giró órdenes de captura contra siete personas, entre ellos Guzmán y García Luna, en el marco de un operativo denominado “Rápido y Furioso”.

Mediante ese operativo, entre 2006 y 2011 Estados Unidos introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México, con el objeto de rastrear si llegaban a manos de grupos criminales y sus líderes y así conseguir su captura.

La Fiscalía señala que en su investigación “se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales” en México.

La dependencia señala que la orden de captura contra Guzmán, García Luna y los otros cinco señalados es “por su participación en el caso denominado “Rápido y furioso”.

La Fiscalía no detalla, sin embargo, cómo pudieron participar en este operativo que ha desatado airados reclamos del Gobierno mexicano y que la Fiscalía General tacha de “absolutamente ilegal e inadmisible”.

Guzmán fue extraditado en 2017 a Estados Unidos, y en 2019 fue sentenciado a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York. García Luna, quien fue secretario de Seguridad de 2006 a 2012, fue capturado en Dallas, Texas, en diciembre de 2019, acusado de presuntos nexos con el cartel de Sinaloa. Está a la espera de ser enjuiciado.

“Rápido y Furioso”
El operativo “Rápido y Furioso” se realizó en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el cual tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, “lo cual es ilegal e inadmisible”. El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.