El 15 de septiembre de 2001 a las siete de la mañana Lucelly Gil se adentró en el inmenso nubarrón de polvo tóxico que dejó el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de ese momento recogería allí escombros hasta 12 horas por día, cada día, durante seis meses.

Hoy, casi dos décadas después, esta colombiana de 65 años sin papeles vive con las secuelas de ese trabajo: es sobreviviente de cáncer de mama —uno de los más frecuentes en las mujeres que estuvieron en el sitio de los atentados—, tiene un brazo inutilizado que le provoca tanto dolor que la hace llorar a diario y sufre de depresión.

Durante ocho meses tras los atentados, decenas de miles de personas —muchas de ellas inmigrantes— limpiaron la Zona Cero donde se erguía el World Trade Center (WTC), vaciaron y demolieron otros edificios dañados, y retiraron 1,8 millones de toneladas de escombros del área a cambio de unos 7,5 a 10 dólares la hora, un salario apenas superior al mínimo en la época.

No lo sabían entonces, pero la exposición al asbesto y a otros materiales tóxicos como el plomo les acarrearía cáncer, asbestosis y un sinfín de enfermedades respiratorias, además de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

“No me gusta recordar los aniversarios de la Zona Cero (…). Siento que estoy retrocediendo”, dice Gil llorando en una reciente sesión del grupo de apoyo a limpiadores latinos del 11/9 Fronteras de Esperanza, que todavía se reúne ocasionalmente en el distrito de Queens.

Recuerda que tras trabajar tantas horas, a veces hallando restos humanos, “me iba para casa y pensaba que estaba todavía limpiando”. “Casi me enloquezco”.

Gil aún sueña con convertirse en residente legal de Estados Unidos como premio por ese empleo que la dejó inhabilitada para trabajar de por vida.

Un exrepresentante demócrata de Nueva York llegó incluso a presentar un proyecto de ley en este sentido en 2017, pero nunca fue debatido en el Congreso.

En el olvido

“Que la gente que limpió no tenga papeles es una injusticia porque perdió lo más preciado, que es la salud. Ahí no hay plata que valga (…). La salud no tiene precio”, dice a la AFP Rubiela Arias, otra limpiadora colombiana de la Zona Cero de 57 años, en la modesta habitación que alquila en Queens con la ayuda de su hijo.
Arias, que lucha hace años por la legalización de los hispanos que limpiaron “el cementerio gigante” de la Zona Cero, padece desde entonces varias enfermedades respiratorias y estomacales, además de estrés postraumático, entre otras dolencias mentales.

Más de 2 mil limpiadores, rescatistas y policías murieron debido a enfermedades vinculadas al 11/9, según el fondo federal de indemnización a las víctimas.

En los últimos años, muchos limpiadores indocumentados, algunos enfermos, “fueron deportados”, asegura la trabajadora social Rosa Bramble, que desde 2010 lidera el grupo Fronteras de Esperanza de forma voluntaria en su consultorio de Queens.

Otros regresaron a morir a sus países, porque estaban enfermos y no podían trabajar para mantenerse.

Visa rechazada

La mayoría de los limpiadores del 11/9 goza de una completa cobertura médica a través del programa de salud federal del World Trade Center, pero muchos no han recibido indemnizaciones.

Es el caso de Franklin, un limpiador peruano indocumentado de 50 años con varios males respiratorios que decidió regresar de Nueva York a Lima en 2019 para despedirse de su madre enferma, a quien no veía hace dos décadas.

Cuando intentó regresar para seguir el tratamiento médico que le garantiza el programa de salud del WTC, en el cual fue aceptado, y reclamar una compensación financiera, la embajada estadounidense en Lima le negó la visa.
En junio intentó dos veces cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos con la ayuda de coyotes, pero fue deportado a México ambas veces.

“Yo prácticamente di mi vida por la limpieza de la Zona Cero y no creo que sea justo que me estén pagando de esta manera. Ya ni sé qué esperar de la vida”, dijo entonces desesperado a la AFP por teléfono desde una casa de Ciudad Juárez, donde los coyotes lo encerraron hasta que llegó el momento del tercer intento, finalmente exitoso.

Algunos trabajadores que demandaron a la ciudad de Nueva York y a las compañías que los empleaban consiguieron ser indemnizados. Además, el Congreso aprobó en 2011 el pago de indemnizaciones federales, con un máximo de 250 mil dólares para un cáncer vinculado al 11/9.

Lucelly Gil recibió 40 mil dólares en 2018, pero sin poder trabajar, el dinero se le acabó cuando pagó deudas y el alquiler atrasado.

“A los latinos nos discriminaron con relación a los otros trabajadores del 11/9”, asegura.