Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un «papel muy importante» en graves violaciones de los derechos humanos de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que describe una «profunda erosión» de la independencia judicial en el país.

En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla «cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.

«La independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.

Los expertos, dijo Valiñas a la prensa en Ginebra, tienen «bases razonables para creer que, en lugar de proveer protección a las víctimas (…), el sistema judicial venezolano ha tenido un rol significativo en la represión estatal a los oponentes al gobierno».

La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las denuncias contra el gobierno de Maduro de presuntas violaciones a los derechos humanos contra opositores.

El informe establece que importantes actores del ejecutivo venezolano, incluido el propio Maduro, han ejercido una importante influencia en el sistema judicial del país.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, rechazó «de manera contundente» este informe que tachó de «panfleto biliar».

Saab aseguró que «más de 150 agentes del Estado (han sido) condenados (…) por violar derechos humanos«. «Es una demostración, clara, fehaciente del compromiso de nuestra institución», indicó el funcionario, cercano al chavismo, que fue nombrado en 2017 por la entonces todopoderosa Asamblea Constituyente.

Sin protección
La Misión indicó que a través de entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, y análisis de expedientes judiciales y otros documentos encontró «irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».

Los jueces «ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional», «mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona», y «dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo».

De su lado, los fiscales «presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces como prueba»

El miembro de la Misión, Francisco Cox, dijo que la «abrumadora mayoría» de las violaciones de los derechos de los opositores que han sido documentadas «no han generado investigación, encausamiento o juicio de quienes presuntamente las cometieron».

«Hoy queda demostrado que la fiscalía, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia de las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo», señaló por su parte Miguel Pizarro, representante en la ONU del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Impunidad
Entre los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que «involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales».

En ese sentido, el informe destaca el caso del opositor Fernando Albán, «que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015″.

También menciona el de Rafael Acosta Arévalo, un oficial militar que «se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018«, y Juan Pablo Pernalete, un estudiante que «murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017».

La fiscalía imputó en mayo a los agentes del orden supuestamente involucrados en estos casos.

Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.

Con la mediación de Noruega, el gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.