La Fiscalía de El Salvador presentó ayer ante una corte de Paz la acusación en contra del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, supuestamente involucrado en la malversación de aproximadamente US$14 millones de las prisiones durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

El exfuncionario, capturado por la Policía el jueves, confío en “que habrá un sistema judicial que va ser garante de nuestros derechos y garantías de un proceso justo”. Además, catalogó su aprehensión como “innecesaria”.

De acuerdo con el fiscal general, Rodolfo Delgado, el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la organización Asocambio administrara las tiendas al interior de las cárceles “sin ningún control del Estado”, lo que “dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse”.

Indicó que “se generó una serie de desvíos de fondos hacia personas que al mismo tiempo trabajaban para el Gobierno anterior (el de Sánchez Cerén) y poco a poco se fueron apropiando de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias y respondían a oscuros intereses”, que no especificó.

Delgado agregó que al interior de las cárceles “se vendían productos a los reclusos con precios altos, lo que permitía tener más ganancias y usar el dinero para comprar inmuebles y vehículos de lujo”, sin mencionar para qué se ocupaban.

Ramírez Landaverde y los otros capturados son acusados de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.