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La Unicef indicó que pese a los esfuerzos del país por disminuir los efectos de la crisis sanitaria, el impacto negativo sobre la educación no tiene precedentes.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió este jueves que la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia las inequidades y desigualdades que viven la niñez y las juventudes en Costa Rica desde hace varias décadas.
En un informe, la Unicef detalló que la pandemia acrecentó problemas como el aumento de la pobreza infantil, el desempleo juvenil, la exclusión educativa, la brecha digital y la discriminación de grupos vulnerables, el crimen organizado, así como la violencia y repercusiones en la salud mental, situaciones a las que se suman los impactantes efectos del cambio climático.
“Los efectos de la crisis vinculados a la disminución de las clases presenciales, la brecha digital, la pérdida o disminución de vida social y la crisis económica afectan el presente y futuro de esta población. Debemos tomar medidas urgentes e impulsar un nuevo pacto nacional por la educación y los derechos de la Infancia”, dijo la representante de Unicef en Costa Rica, Patricia Portela.
Datos citados por las autoridades revelan que en el país viven más de 1.40 millones niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, de los cuales el 30 por ciento tienen edades entre los cero y los cinco años, 31 por ciento de seis a 12 años y 39 por ciento de 13 a 17 años.
Además, según la Encuesta Nacional de Hogares (2020), el país cuenta con 5 millones de habitantes que conforman 1.60 millones hogares. De ellos, 26.2 por ciento son hogares pobres y cerca de 32 por ciento de las personas menores de 18 años que viven en esos hogares.
Crisis sanitaria
La Unicef indicó que pese a los esfuerzos del país por disminuir los efectos de la crisis sanitaria, el impacto negativo sobre la educación no tiene precedentes.
Las afectaciones en el sector educación y la dificultad de acceder a los recursos formativos podrían ser una condición problemática que estas generaciones arrastren durante su inserción futura al mercado laboral.
Según los datos oficiales del Ministerio de Educación Pública en 2020, de las 1.17 millones personas estudiantes matriculados, 18 mil 834 están excluidos y 1,530 no presentan reportes de asistencia, mientras que un 63 por ciento de personas estudiantes matriculadas presentaron problemas de acceso a dispositivos o internet, lo que generó problemas de continuidad en el acceso a los servicios educativos.
La Unicef también resaltó que la salud mental es otro aspecto que requiere especial atención, ya que el aumento de los suicidios de personas adolescentes y jóvenes, y el incremento de las diferentes formas violencia contra esta población también plantean grandes desafíos que deben ser atendidos con celeridad.
Con respecto a la violencia contra la niñez y adolescencia, las cifras oficiales muestran que, en el primer semestre de la pandemia en el año 2020, se recibieron casi un 12 por ciento más de denuncias, con respecto al total de denuncias recibidas en 2019.
Los incrementos más altos según el tipo de amenaza o violación de derechos, fue en el caso de negligencia por educación, con casi un incremento del 73 por ciento con respecto a 2019; explotación sexual comercial, con un incremento del 44 por ciento , mientras que hubo un 28 por ciento en negligencia por salud, abuso sexual e ideación suicida.
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