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Presidente de Panamá afirma que no tolerará la corrupción en su Gobierno


El mandatario dijo que su administración “ha rendido y seguirá rindiendo cuentas claras y transparentes, y promoviendo un alto nivel de participación ciudadana”.

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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sostuvo este martes que no tolerará actos de corrupción en su Gobierno, el cual, reiteró, promueve la transparencia en la gestión pública.

“No toleraré ningún acto de corrupción. Se han presentado las denuncias pertinentes, colaborando con las autoridades que tienen la responsabilidad de investigar”, declaró Cortizo, que asumió el Gobierno en julio de 2019 para un periodo de cinco años.

El jefe del Estado, de 68 años, agregó que su Administración “ha rendido y seguirá rindiendo cuentas claras y transparentes, y promoviendo un alto nivel de participación ciudadana”.

Como ejemplo de transparencia, señaló que su Gobierno estableció el proceso de cotizaciones en línea, entre otros, y que el Pacto del Bicentenario es una muestra clara de participación ciudadana.

Cortizo lanzó oficialmente en noviembre de 2020 el llamado Pacto Bicentenario, un gran diálogo nacional para sumar a la ciudadanía en la presentación de propuestas y soluciones a diversos temas de trascendencia para el desarrollo del país.

El presidente panameño ha salido en varias ocasiones a defender su gestión ante las constantes críticas que lo señalan como poco transparente e inerme ante la corrupción.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo el sábado que el “gran problema” que enfrenta el país  “es que tenemos una sociedad corrupta” y que “por eso creo que estamos llamados a saber elegir a quienes nos representan para que después nadie se esté quejando”.

La semana pasada, Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá, dijo que la decisión del Gobierno de Cortizo de restringir durante 10 años el acceso a la información de las actas del Consejo de Gabinete (consejo de ministros) “agudiza la crisis de desconfianza ciudadana y es moralmente incorrecta”.

Esa medida gubernamental, en vigor desde el 20 de agosto pasado, es “inconveniente”, especialmente porque desde marzo de 2020 y debido a la pandemia existe en Panamá “un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo” que se exime “a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios”, argumentó TI.

Una encuesta de la consultora española GAD3 —difundida en mayo pasado y realizada a petición del rotativo panameño La Prensa— reveló que el 71.1 por ciento de los entrevistados relacionaba al Gobierno de Cortizo con la corrupción y el 15.8 por ciento con la transparencia, mientras que el 27.7 por ciento avalaba la gestión del presidente.

Panamá lleva varios años siendo estremecida por sucesivos escándalos de corrupción con una respuesta judicial, en muchos casos, calificada al unísono como impunidad, y una desigualdad social que no cede pese al crecimiento económico que marcó al país en la última década.

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