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TI dice que la medida que restringe la información en Panamá es “moralmente incorrecta”


Por medio de la Resolución 71 del 4 de agosto, el Ejecutivo restringe durante 10 años el acceso a las actas y constancias de discusiones en el Consejo de Gabinete o de ministros.

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Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá dijo este martes que la decisión del Gobierno de Panamá de restringir el acceso a las actas del Consejo de Gabinete (consejo de ministros) “agudiza la crisis de desconfianza ciudadana y es moralmente incorrecta”.

Esa medida es “inconveniente”, especialmente porque desde marzo de 2020 y debido a la pandemia existe en Panamá “un estado de excepción por emergencia, decretado por el propio Ejecutivo” que se exime “a sí mismo de los controles y rendición de cuentas regulares y la transparencia proactiva, en medio de notables indicios de actos de corrupción por parte de funcionarios”.

Así lo argumentó este martes la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de TI, en un pronunciamiento público sobre la Resolución 71 del 4 de agosto, mediante la cual el Ejecutivo restringe durante 10 años el acceso a las actas y constancias de discusiones en el Consejo de Gabinete o de ministros.

La resolución, que entró en vigor el viernes pasado, declaró “como información de acceso restringido la correspondiente a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República”.

La Presidencia panameña explicó que la resolución, que ha generado duras críticas contra el Gobierno de Laurentino Cortizo, está fundamentada en el artículo 14 de la vigente Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002.

Esa ley “establece taxativamente un listado de la información considerada de acceso restringido, facultando a todas las instituciones y órganos del Estado para que, mediante Resolución, así lo declaren”, de acuerdo con la información oficial.

El Capítulo Panameño de TI aseguró que desde el año 2020 ha advertido “la inconveniencia de las excepciones en la Ley de Transparencia, de los 10 años (de veto) prorrogables, y que los propios funcionarios que custodian la información puedan declararla sin más de acceso restringido”.

“Exigimos la transparencia inmediata de todos los documentos relacionados a los bienes públicos y recursos del Estado, además de volver a instar a la Contraloría General de la República y demás autoridades de control, a cumplir su rol de contrapeso al poder ejecutivo”, dijo el Capítulo Panameño de TI.

El diputado independiente Gabriel Silva presentó en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y amplia mayoría oficialista, un proyecto legislativo para reformar la Ley de Transparencia y anular la Resolución 71, que además fue demandada ante la Corte Suprema por al menos un abogado particular.

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