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El representante residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, destacó que este país enfrenta el reto de implementar una estrategia para atender la emergencia por la COVID-19.
El Gobierno de Costa Rica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron este lunes un plan que le permitirá al país invertir en los próximos 5 años un monto de 54 millones de dólares otorgado por el Fondo Verde del Clima (GFC, por sus siglas en inglés)
El plan, llamado REDD+ Pagos Basados en Resultados, busca destinar recursos para fortalecer el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) existente, ampliar la cobertura de los PSA en territorios indígenas, fortalecer las medidas de prevención de incendios forestales en comunidades rurales y asegurar la aplicación de las disposiciones de salvaguardas ambientales y sociales.
El proyecto pretende mejorar y ampliar las políticas públicas relacionadas con la implementación de la Ley Forestal en Costa Rica, la acción climática, la conservación y empoderamiento de mujeres rurales, personas jóvenes, pueblos indígenas y pequeños y medianos productores agrícolas, durante los próximos 5 años, indicaron las autoridades.
“El Pago por Servicios Ambientales es una de las razones por las que el país ha logrado revertir la deforestación y aumentar la cobertura forestal de manera significativa. Uno de los pocos en el mundo que lo ha hecho”, declaró en un evento oficial el presidente del país, Carlos Alvarado.
El mandatario recordó que “en la década de 1980 Costa Rica había perdido la mayor parte de su bosque primario y solo tenía el 21 % de su tierra bajo cubierta forestal como resultado de tener las tasas de deforestación más altas del mundo; hoy, el país tiene una cubierta forestal del 52 por ciento y protege más de una cuarta parte de su territorio”.
El dinero otorgado por el Fondo Verde del Clima es un reconocimiento a la captura de dióxido de carbono por parte de los bosques costarricenses, que se calculó en 14,7 millones de toneladas entre el 2014 y el 2015.
Del total de los recursos, 41 millones de dólares beneficiarán a los habitantes de las zonas boscosas del país, donde se ubican algunos de los distritos más marginales y con menor índice de desarrollo social, explicaron las autoridades.
Además, se ampliará la cobertura del esquema de Pago por Servicios Ambientales en 500 mil hectáreas de bosques privados, lo que incluye unas 150 mil hectáreas en territorios indígenas.
Este esquema, que ha funcionado en Costa Rica por 25 años, consiste en reconocer económicamente a las personas que protegen los bosques dentro de sus propiedades.
El representante residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, destacó que este país enfrenta el reto de implementar una estrategia para atender la emergencia por la COVID-19 que permita proteger a los grupos más vulnerables de la población a la vez que se redoblan los esfuerzos para apoyar la transición hacia una economía verde.
“Nos enorgullece trabajar con el país en la promoción de los derechos humanos y en desvincular el financiamiento de la protección ambiental del sector público de aquellos ingresos del consumo de carbono. Una vez más este país le demuestra al mundo que es posible y rentable la recuperación verde, justa e inclusiva”, expresó Troya.
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