Militares cercanos a Cienfuegos fungen en puestos clave

La mano del general Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sigue presente en la  administración de Andrés Manuel López Obrador. El exministro fue detenido en Los Ángeles acusado de “conspirar para producir y distribuir” en Estados Unidos heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El viernes se le inculpó de tres delitos de narcotráfico y uno por lavado de dinero de la droga.

“El acusado abusó de su cargo público para ayudar al cartel H-2, una organización de tráfico de drogas mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilos de droga”, señala el memorando de detención.

El diario mexicano Agencia Reforma evidenció en un artículo que excuadros operativos (generales de brigada y brigadieres) que operaron con Cienfuegos están actualmente en cargos clave de la seguridad nacional.

Entre ellos cita al actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Crescencio Sandoval, quien fue jefe de la Cuarta Zona militar con sede en Nuevo León en la gestión de Cienfuegos aunque no era de su equipo cercano.

Mientras, El general André Foullon, actual subsecretario de la Defensa Nacional comandó la Tercera Región militar, con sede en Sinaloa, estratégica en las operaciones castrenses y sede del cartel más importante y que según las indagaciones estadounidenses estaba protegido por Cienfuegos.

En tanto, el actual oficial mayor de la Sedena -por quien pasan los gastos y decisiones administrativas centrales- es Agustín Radilla. Con Cienfuegos fue comandante de la Séptima Zona Militar en Nuevo León.

Conexiones vigentes

Las conexiones de Cienfuegos parecieran vigentes; al menos así lo consideró la misma Fiscalía Federal para el Este de Brooklyn, donde radica su caso, al considerar que tiene suficientes contactos como para escapar.

Al pedir su detención sin derecho a fianza, la Fiscalía indica que de regresar a México, tendría colaboración de narcotraficantes o funcionarios corruptos para no ser arrestado.

“Como la conducta criminal del acusado evidencia, no tiene respeto por la autoridad o la ley, y previamente ha puesto en peligro la seguridad de agentes estadounidenses y sus testigos, al revelar el estatus de investigaciones contra el cartel H-2 a sus dirigentes, por lo que no hay razón para creer que respetará las condiciones de libertad que le imponga la Corte”, afirmó el fiscal Seth DuCharme.

Casos Ayotzinapa y Tlatlaya

Agencia Reforma también afirma en la nota periodística que el general Alejandro Saavedra, quien dirigía la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, cuando desaparecieron los normalistas de  Ayotzinapa, ahora es el encargado de los beneficios sociales de la tropa desde el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Mientras, el excomandante de la 22 Zona Militar en el Edomex, José Luis Sánchez León, hoy es director de la Industria Militar, responsable de los insumos y pertrechos para la tropa que combate al crimen. Cuando sucedieron las ejecuciones de civiles en Tlatlaya, uno de los casos más graves de violación a derechos humanos en la gestión de Cienfuegos, Sánchez León era el responsable operativo en la zona.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió a las Fuerzas Armadas y a la Sedena al argumentar que “han sido piezas clave para la redefinición de la política de seguridad pública en México”.

En un tuit agregó que “ambas han cumplido con profesionalismo y por encima de todo, con una honestidad a toda prueba”.

 En Oaxaca, López Obrador pidió no culpar a todo el Ejército de estar involucrado con este caso e instó  a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a aclarar su relación con Cienfuegos. “Deberían los de la DEA informar sobre su participación. Indudablemente ellos convivieron  con el general secretario del sexenio pasado”, sostuvo.

Pide indagar nexos de militares
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados urgió ayer a que se investigue a los militares que tuvieron vínculos con Cienfuegos. “El Presidente debe revisar a quién y cómo se está delegando el poder en nuestro país”, demandó la fracción.

Además, los diputados advirtieron que las acusaciones a Cienfuegos evidencian los riesgos que se corren no solo por la militarización de las funciones de seguridad y lucha contra el narcotráfico, sino por las múltiples responsabilidades que López Obrador le está otorgando a las Fuerzas Armadas.