Jueves 12 DE Diciembre DE 2019
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Callan 7 años de un error forense

Los Gobiernos de Guatemala y México ocultaron una equivocación al entregar el cuerpo de un migrante a una familia guatemalteca.

Fecha de publicación: 29-10-19
En abril de 2011, autoridades mexicanas hallaron 23 cadáveres en fosas clandestinas del municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Foto Archivo.
Por: César Martínez Agencia Reforma

 

Por una equivocación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México al entregar cuerpos de migrantes identificados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, una familia en Guatemala le llora desde hace siete años a un cuerpo que no es el de su ser querido sino al de otra persona.

Tres ex Procuradores y la nueva Administración federal conocen el caso, pero hasta la fecha la equivocación no ha sido notificada a la familia que tiene el cuerpo equivocado ni la que aún espera recibir los restos de su pariente, en un drama que también ha sido callado por el Gobierno de Guatemala.

El 18 de noviembre de 2011, Servicios Periciales de la PGR –que dirigía Maricela Morales– identificó el cuerpo C5 Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/MAT-COE/1114/2011, el cual fue entregado en marzo de 2012, supuestamente, a sus familiares en Guatemala.

Sin embargo, en 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) detectó que en realidad el cuerpo entregado fue el C4 Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/MAT-COE/1114/2011, mientras que el cadáver C5 permanece hasta la fecha en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, indican documentos en poder de Grupo REFORMA.

Tras la creación de la Comisión Forense mediante un acuerdo de colaboración en septiembre de 2013, el EAAF comenzó a cooperar en la identificación de 314 cuerpos hallados en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.

A su llegada, el equipo realizó sus propias pruebas, a pesar de que la PGR ya había trabajado en dicha tarea. Fue ahí donde detectó el error, el cual fue reconocido por el equipo de Servicios Periciales, quien informó al Procurador en turno, Jesús Murillo Karam.

La entonces directora del Laboratorio de Genética de PGR, Martha Acela Valdés, comentó en entrevista que hubo acercamientos con funcionarios del Gobierno de Guatemala, pero incluso ellos no quisieron que se diera a conocer la historia.

Explicó que se requiere el apoyo de ese país debido a que la Procuraduría no tuvo contacto con la familia que tiene el cuerpo, el cual  s necesario exhumarlo para hacerle pruebas genéticas, comprobar su identidad y entregarlo a la familia correcta.
La ex funcionaria aseguró que gestionó el caso en Guatemala hasta finales del 2016, cuando fue degradada de su cargo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves en el caso. El organismo determinó que las malas diligencia de la PGR entorno al hallazgo de 2011 constituyen una revictimización para sus familiares, ya que, además de sufrir las consecuencias del delito, padecieron del descuido de la autoridad ministerial.

“Estábamos en la Embajada de México en Guatemala y nos dijeron: ‘bueno, pero si ya está· entregado el cuerpo pues la familia ya tiene a quién llorarle, entonces qué diferencia habría si ya no les decimos nada'”, recordó.

“Es una irresponsabilidad total, deja la falta de empatía, sino la irresponsabilidad que da que el Estado se quede callado y es lo que ha pasado hasta ahorita, nadie ha dicho nada; es un tema político más bien”, agregó Acela Valdés, quien teme que se le quieran fincar responsabilidades a pesar de que, asegura, ella siempre impulsó que el caso se conociera.

Además de los ex procuradores Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, el encargado de despacho Arturo Beltrán también conoció el caso, y según otras fuentes consultadas el actual Fiscal Alejandro Gertz Manero ya está· enterado.

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