Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
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AI: Ortega ejerce “política represiva letal” en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que el Gobierno de Nicaragua cometió “crímenes de derecho internacional”, al “ejercer una política represiva letal” contra las protestas que comenzaron el 17 de abril, con evidencias de haber privado “intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes”.

Fecha de publicación: 29-05-18
Por: Alina Dieste/ AFP
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En Nicaragua, las autoridades usan grupos paramilitares, las llamadas “turbas sandinistas”, para reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega, señaló el martes la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

“Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, sobre la reacción gubernamental a las manifestaciones contra Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que desde el 18 de abril dejan al menos 87 muertos.

AI presentó este martes en Managua el informe “Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”, sobre el que Guevara-Rosas habló.

– AI ya había advertido en 2016 un “deterioro” en términos de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué encontró ahora?

Una respuesta violenta y represiva del descontento popular por parte de las autoridades, que tiene características sumamente preocupantes, como el uso de grupos paramilitares y parapoliciales, lo que denominan las “turbas sandinistas”, para desincentivar la protesta y castigar a voces en contra del gobierno, principalmente jóvenes y estudiantes en distintas ciudades. No es la primera vez que Ortega (en el poder desde 2007) hace un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. La represión ha sido el común denominador en la lucha de los campesinos contra el proyecto del canal interoceánico. Pero nunca habíamos documentado una situación de violencia tan radicalizada. Reprimen a la población civil con armas semiautomáticas y protegidos por la propia policía. Es de suma preocupación porque están generando esta situación de violencia extrema. Y ninguna investigación los ha llevado a la justicia.

– ¿Por qué la situación es peor ahora? 

Lo atribuimos a un mayor descontento social por medidas que afectan y vulneran el ejercicio de derechos fundamentales. Los estudiantes, inclusive antes del proyecto de reforma del seguro social que generó estas protestas, ya expresaban descontento hacia políticas económicas y sociales, limitaciones a la libertad de expresión, mayor censura de los medios, persecución de defensores de derechos humanos -especialmente mujeres-, control absoluto del Estado de organizaciones de la sociedad civil.

– Ortega también perdió el apoyo de los empresarios.

Sin duda, las políticas también empezaron a atentar contra los intereses económicos de los empresarios que empezaron a marcar su distancia. Es cierto que el régimen de Ortega ha podido mantenerse por un apoyo sustancial de sectores que se han beneficiado. Pero hoy las comunidades más marginadas, que antes le daban apoyo directo a Ortega, también muestran su disconformidad.

La directora de Amenesty International para las Américas, Erika Guevara (segunda de la izquierda) durante la conferencia de prensa para presentar el informe de AI.  INTI OCON / AFP

– El informe de AI señala un “retroceso” hacia los peores momentos de la historia de Nicaragua.

Lamentablemente, vemos ese paralelismo perverso, en el que un presidente que en los años 1980 luchó contra la dictadura de (Anastasio) Somoza -donde también hubo muchas pérdidas humanas por la represión- hoy es el líder político que emprende una política sistemática de represión violenta contra la ciudadanía que se manifiesta en su contra. La situación está empeorando cada día.

– ¿Qué recomienda AI?

El Estado debe asumir la responsabilidad por estos hechos. Es fundamental que cumpla con sus compromisos asumidos con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo 15 recomendaciones claras y concisas. Además, es necesario permitir el establecimiento de una comisión de expertos independientes que pueda hacer una investigación.

– ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? 

Su papel es clave. La próxima Asamblea General de la OEA (el 4 y 5 de junio en Washington) debe discutir estas situaciones. Hay mecanismos regionales para hacer que Nicaragua rinda cuentas y encaminar soluciones pacíficas y duraderas. Tiene que haber un posicionamiento de la comunidad internacional que todavía vemos muy tibio.

 

Sobre el informe


La organización, que ha documentado casos de represión durante los tres mandatos consecutivos de Daniel Ortega desde su regreso al poder en 2007, desplegó una misión en cuatro ciudades de Nicaragua entre el 4 y el 13 de mayo, para investigar “denuncias de graves violaciones de derechos humanos”.

La mayoría de los decesos registrados en los últimos 40 días fueron por heridas de arma de fuego, “a pesar de que el uso de este tipo de armas de forma letal por parte de la autoridad sólo debe estar autorizado en la situación más extrema de amenaza para la vida”, afirmó AI.

Según el informe, los fallecidos presentaban heridas “en zonas de alta letalidad” como cabeza, cuello y parte superior del tórax, “lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”, cuya trayectoria “sugiere la posibilidad de francotiradores o personas disparando desde una posición privilegiada”.

El organismo explicó que como parte de su estrategia, el Gobierno intenta “criminalizar las protestas” promoviendo un “discurso de negación de la realidad” en la propia voz de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Este discurso no sólo niega e ignora la realidad de violencia que está ocurriendo bajo el mando directo de Ortega y Murillo sino que además estigmatiza a los manifestantes como promotores de violencia al tildarlos de “violentos”, “criminales” o “vampiros reclamando sangre”, para justificar la represión, señaló la organización.

AI dijo que además de las fuerzas policiales, “las autoridades utilizaron grupos parapoliciales, conformados en gran medida por personas simpatizantes al Gobierno, con el ánimo de cometer ataques (en ocasiones armados), incitar a la violencia, multiplicar su efecto represor y operar al margen de la ley”.

“Este tipo de estrategias permitió, al sembrar miedo en la población, dificultar la identificación de los atacantes y por tanto generar narrativas que evadieran la responsabilidad del Gobierno”, aseveró el informe.

Amenazas y presiones a familiares de las víctimas, irregularidades en la investigación de crímenes y ausencia de autopsias en muchos casos fueron considerados por AI como un impedimento para acceder a la verdad y llevar a los responsables ante la justicia.

 

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