Martes 13 DE Noviembre DE 2018
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Corte Penal Internacional abre investigación preliminar a Venezuela

Las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril de 2017 y dejaron más de un centenar de muertos hasta el 30 de julio. Maduro responsabilizó a la oposición del saldo mortal de las protestas y a la exfiscal Luisa Ortega Díaz -que huyó al extranjero- de apoyar la violencia en las protestas.

Fecha de publicación: 08-02-18
Por: DPA
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La Corte Penal Internacional (CPI) inició un examen preliminar sobre posibles crímenes cometidos en Venezuela en el contexto de las manifestaciones y disturbios políticos de 2017, un paso que saludaron la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención”, señaló en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

“También se informó de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade la fiscal del organismo con sede en La Haya.

Este procedimiento no supone la apertura de una investigación oficial, algo sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante. La CPI investiga crímenes de guerra y contra la humanidad y casos de genocidio.

“Saludamos el inicio de un examen preliminar en la @IntlCrimCourt sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en #Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1.690 pruebas que sustentan el caso”, tuiteó la exfiscal general venezolana.

Ortega fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Constituyente. El Gobierno la acusa de traición después de que declase como ruptura del orden Constitucional las dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en marzo de 2017 que despojaron a Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones y que fue la chispa de cuatro meses de protestas contra el Gobierno, que dejaron más de 100 muertos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (centro) y el miembro de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello (izquierda) saludan a sus partidarios durante una manifestación para conmemorar el 26 aniversario del golpe militar de 1992 del presidente venezolano Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), en el Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas el pasado 4 de febrero. FEDERICO PARRA / AFP

Por su parte, la jefa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (controlada por la oposición y actualmente sin poder real), Delsa Solórzano, dijo que el grupo legislativo también consignará recaudos a la CPI que podrían ampliar las investigaciones sobre Venezuela.

“Seguiremos enviando documentos para que en el marco de la investigación imparcial que realizan, puedan determinar las responsabilidades a que haya lugar”, señaló en Twitter. “Esto traerá consecuencias importantes para el régimen en Venezuela. Este asunto es de mucha gravedad y así deben entenderlo quienes se han prestado para asesinar a venezolanos”, recalcó.

“Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”, escribió por su parte Almagro en su cuenta de Twitter.

Por iniciativa de Almagro, en la Organización de los Estados Amercianos (OEA) se celebraron en los pasados meses varias audiencias públicas presididas por juristas reconocidos para analizar si existe base para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Tras esas audiencias, los juristas están aún en la fase de redacción del informe.

La CPI aseguró este jueves que colaborará con las autoridades nacionales para discutir y evaluar cualquier investigación y acusación relevante a nivel nacional. A su vez, confía en contar con la colaboración de la autoridades venezolanas.

Según la fiscal, no hay un plazo determinado de tiempo para el desarrollo de la investigación preliminar. Dependiendo de los hechos y las circunstancias, Bensouda decidirá si abre una investigación oficial y lo somete a revisión judicial, si sigue recabando información o si rechaza la apertura de una investigación.

Además, la fiscalía considerará todos los puntos de vista y alegatos presentados durante el procedimiento preliminar.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, alertó en septiembre que las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir las protestas de la oposición.

Al Hussein exigió entonces una investigación internacional de las muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina denunció en un informe sobre el país sudamericano.

 

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