Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Mundo

Un año de protestas y elecciones en que Maduro salió fortalecido

Cuatro meses de protestas, más de 100 muertos, tres elecciones bajo sospecha y una economía rumbo al colapso sacudieron en 2017 la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, que, contra todo pronóstico, salió reforzado de cara al reto político del próximo año: las presidenciales.

Fecha de publicación: 22-12-17
Por: DPA
Más noticias que te pueden interesar

Durante el año que termina, la pelea de Maduro con la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por la oposición, llegó a un punto sin retorno y fue el combustible de la agudización de los conflictos políticos.

Mientras, la economía siguió deteriorándose, con más desabastecimiento, más recesión y pérdida sin precedentes del valor de la moneda por la hiperinflación, al punto que el billete de mayor valor que emitió el Gobierno a comienzos de noviembre, de 100.000 bolívares, se cambia por menos de un dólar en el mercado negro.

A la crisis se sumó el escándalo de corrupción en la estatal petrolera PDVSA, por el que terminaron presos su ex presidente Nelson Martínez y el ex ministro de Petróleo Eulogio Del Pino. Maduro designó al frente de la estatal al mayor general Manuel Quevedo, a quien le dio la tarea de dirigir una “limpieza”.

A principios de año un grupo de funcionarios fue objeto de sanciones por motivos de violación de derechos humanos y manejos financieros irregulares por parte de Estados Unidos, incluyendo al vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue agregado a la lista negra de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico. Maduro responsabilizó a las sanciones estadounidenses de la agudización de la crisis económica.

En los últimos meses anunció que buscaría una renegociación de la deuda externa convertida en bonos soberanos y de PDVSA, por cerca de 90.000 millones de dólares y admitió que el país no está en capacidad de seguir pagando sus compromisos como había hecho.

El 3 de diciembre el presidente anunció la creación de una criptomoneda (moneda digital), que bautizó “el petro”, como un método de eludir el “bloqueo financiero” que Estados Unidos y sus adversarios libran según su opinión contra la nación caribeña.

Pese a la debacle por la recesión, que ha llevado la pobreza a niveles nunca vistos, los factores que sostienen en el poder a Maduro, principalmente la Fuerza Armada, cerraron filas en torno al gobernante, quien anunció que buscará la reelección en 2018 y desde ya colgó en la televisión oficial su lema: “Maduro, conductor de victorias”, aludiendo a su vieja profesión de chofer de autobús.

En marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó dos incendiarias sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional de sus facultades y anuló la inmunidad de los diputados. La cámara calificó los fallos de “golpe de Estado” y llamó a los venezolanos a respaldarla en su lucha por recuperar la legalidad.

Entonces comenzó una ola de protestas en la que los manifestantes enfrentaron día tras día a unos cuerpos de seguridad dispuestos a contenerlos, usando fuerza bruta, gases lacrimógenos y métodos que son objeto de denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Las protestas terminaron el 30 de julio con un saldo de 120 muertos, justo cuando el país elegía a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, convocada por Maduro, en unos comicios sin la presencia de la oposición y sin observadores internacionales.

La empresa Smartmatic, que suministraba servicios informáticos al Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que la participación que se anunció, de 8,1 millones de electores, fue alterada e inflada.

La Constituyente, dominada por el chavismo y con poderes plenipotenciarios, se instaló el 4 de agosto sin reconocimiento de decenas de países y su primera decisión fue destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una ex simpatizante del chavismo que “traicionó” a Maduro, tras calificar de “ruptura del orden constitucional” las sentencias del TSJ de marzo. En el cargo fue juramentado Tarek William Saab, un declarado defensor del oficialismo.

La Constituyente se atribuyó la función del CNE y adelantó para el 15 de octubre las elecciones de gobernadores, fijadas inicialmente para el 10 de diciembre. En esas elecciones, en las que la oposición denunció una serie de irregularidades con al menos dos impugnaciones, el chavismo se hizo con 18 de 23 gobernaciones.

La mayor polémica se produjo en la región occidental de Zulia, donde el dirigente Juan Pablo Guanipa del opositor Primero Justicia (PJ) se impuso en las urnas pero fue despojado por negarse a jurar ante la Constituyente. Los otros cuatro gobernadores opositores sí reconocieron al órgano constituyente, desatando la polémica.

Tras esos resultados, la Constituyente fijó para el 10 de diciembre las elecciones de alcaldes, ante lo cual los principales partidos de oposición se retiraron por falta de garantías. El oficialismo arrasó al no enfrentar oposición y Maduro amenazó a los partidos que no participaron con inhabilitarlos para las elecciones presidenciales del año que viene.

A finales de 2017 el oficialismo concentra por tanto un poder casi absoluto en los ámbitos regional y municipal. La oposición advirtió que lo ocurrido en esas elecciones es una especie de “ensayo” para 2018, con el oficialismo trabajando para desactivar el voto opositor.

La derrota en las regionales dejó heridas en la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no han cerrado. El líder opositor Henrique Capriles se retiró de la coalición y el ex gobernador de la región de Lara Henri Falcón acusó a dos partidos de hacer campaña para provocar su derrota en el intento de reelección.

Las grietas en la oposición son uno de los elementos que sostiene a Maduro en el poder, además de la Fuerza Armada, el control institucional en el CNE y en TSJ y el dominio de la renta petrolera, que, aunque mermada, sigue siendo apreciable con el lento aumento del barril petrolero.

Etiquetas: