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AFP –El Congreso de Perú incluyó a las firmas peruanas socias de la constructora brasileña Odebrecht en una norma que retiene preventivamente sus ganancias para garantizar el pago de indemnizaciones por corrupción a favor del Estado, una decisión que derrumbó ayer los papeles de esas compañías en la bolsa.
La norma, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, tendrá una vigencia de seis años y señala que las empresas tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia.
La decisión del parlamento modifica un decreto de urgencia emitido el año pasado por el Poder Ejecutivo, que impedía trabajar con el Estado a las firmas que hubieran reconocido actos de corrupción, como Odebrecht, y ordenaba congelar sus utilidades para que pudieran usarse en el pago de reparaciones civiles, a proveedores y empleados afectados con los juicios.
Odebrecht, envuelta en el escándalo Lava Jato de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y América Latina, admite que en Perú desembolsó US$29 millones en coimas entre 2005 y 2014, durante las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Sin posibilidades de seguir operando en el país, la firma brasileña prepara una salida ordenada.
Según declaraciones a la fiscalía de ejecutivos de Odebrecht, que se han filtrado a la prensa, las firmas peruanas que trabajaron con ella conocían de los sobornos.
A diferencia de Odebrecht, hasta el momento, ninguna de sus socias peruanas ha admitido oficialmente haber incurrido en actos de corrupción.
En Panamá
>Odebrecht pagó US$6 millones de comisiones a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido en Miami, según confesó un directivo de la compañía en el país centroamericano.
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