Martes 25 DE Septiembre DE 2018
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Tras la entrega en Bélgica: ¿cómo sigue la situación de Puigdemont?

La entrega a la Policía belga de Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros abre una nueva etapa para el jefe del Gobierno catalán destituido y para la grave crisis institucional producida por su plan independentista. Las claves para entender cómo sigue la situación:

Fecha de publicación: 05-11-17
Por: DPA
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¿Qué ocurre ahora?

Puigdemont y los cuatro ex consejeros (ministros regionales) se encuentran “privados de libertad” y deben declarar ante un juez belga, que decidirá si acepta la orden europea de detención emitida el viernes por la Justicia española y si ingresa a los cinco en prisión preventiva o si los deja en libertad condicional hasta que se resuelva su extradición.

¿Cuáles son los plazos?

El juez tiene hasta mañana lunes a las 9:17 horas (24 horas a partir de la entrega de los cinco ex dirigentes) para tomar ambas decisiones.

Si acepta la orden de la Audiencia Nacional española, como se espera, los plazos dependerán de los detenidos. Según la legislación europea, si el afectado acepta ser entregado, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento. Pero si se niega, el país ejecutor -en este caso Bélgica- tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la extradición. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90.

Sin embargo, los plazos de la Justicia belga son más cortos. Incluidas las posibles apelaciones, según la Fiscalía hay sólo un plazo total de 45 días para el procedimiento.

Si la decisión final es entregar a los dirigentes catalanes destituidos por el Gobierno de España, Bélgica tiene 10 días para hacerlo.

¿Tienen libertad de decisión los jueces belgas?

Sí, pueden decidir libremente, ateniéndose a la legislación de la Unión Europea (UE) y de Bélgica. Los Estados de la UE acordaron en su momento reconocer mutuamente decisiones en causas penales y entregar a las personas buscadas sin poner problemas. Sólo hay excepciones en unos pocos casos.

¿Cuáles son esos casos?

La ley incluye 32 categorías de delitos graves en las que no se exige que el motivo por el que se ordenó la detención sea considerado delito en ambos países. Si no aparece en esa lista, la entrega puede depender de que el delito también lo sea para la legislación del país ejecutor (Bélgica, en este caso). La rebelión y la sedición, dos de los delitos por los que se investiga a Puigdemont, no aparecen en la lista ni como tal en el derecho belga. Pero en la lista sí figuran el fraude y la corrupción, categorías en las que podría encuadrarse la “malversación” de la que también son sospechosos Puigdemont y sus ex consejeros.

Manifestantes pro y anti independencia catalana frente al Press Club en Bruselas el pasado 31 de octubre. AFP PHOTO / Aurore Belot

¿Hay otras posibilidades?

La Justicia belga podría negarse a entregar a Puigdemont y los suyos si se constatase que debido a las “condiciones generales de detención” en España existe “un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante”.

En el pasado, los jueces belgas denegaron la entrega a España de una presunta integrante del grupo separatista armado vasco ETA. Sus abogados argumentaron que España fue condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar la Convención Europea de Derechos Humanos. Dichas condenas estaban relacionadas con las acusaciones de tortura presentadas por parte de presos de ETA.

¿Qué tribunales belgas intervendrán en el procedimiento?

La Cámara del consejo (un tribunal de instrucción) decidirá si se ejecuta la orden de detención, es decir, si los políticos españoles deben ser entregados a España. Si Puigdemont y los suyos apelasen la decisión intervendría la corte de apelaciones. Tras ese paso, sólo se podría apelar ante la Corte de Casación, el mayor tribunal ordinario belga. Si también ésta confirma la decisión, en Bélgica se habría agotado la vía legal. Si no lo hace, debería volver a decidir una instancia inferior.

¿Puede haber influencia política?

No. La directiva de la UE sobre la orden de detenció europea lo dice claramente: “Las decisiones deben tomarlas únicamente las autoridades judiciales, sin tener en cuenta consideraciones políticas”.

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