Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
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Prisión para ocho miembros del gobierno independentista

Fecha de publicación: 02-11-17
Por: AFP
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La justicia española dictó este jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.

La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron este jueves a declarar a Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras.

Sin embargo otorgó libertad provisional bajo fianza para el noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.

Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga —recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno— así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

“Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”, la declaración de independencia, indica el auto de la juez.

“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, dijo el abogado de Junqueras y de otros encausados, Andreu Van den Eynde.

La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: “Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre”, fecha de las próximas elecciones regionales.

Como signo de protesta, la poderosa organización independentista ANC convocó una concentración para la tarde del jueves frente al parlamento catalán en Barcelona y frente a ayuntamientos de otras ciudades catalanas.

Manifestantes se reúnen frente al Parlamento de Cataluña para protestar contra la decisión de encarcelar a ex miembros del gobierno catalán. (AP / Manu Fernandez)

Orden de captura europea

El presidente independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encontraban en Bélgica y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición. El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos, sobre la que la juez Lamela todavía debe pronunciarse.

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde “se encuentran o al menos han viajado” los concernidos, indicó el documento de la fiscalía al que tuvo acceso AFP.

El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.

En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.

El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.

Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.

“La defensa ha pedido un tiempo para preparar de una manera más razonable su estrategia”, dijo Javier Melero, uno de los abogados defensores de los miembros del parlamento, quien respondió “por supuesto” cuando se le preguntó si Puigdemont debería haber acudido.

“Supongo que forma parte de una estrategia judicial”, dijo sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.

Los 20 (14 miembros del gobierno y seis del parlamento) estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.

Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.

El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, que acompañó a los encausados hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional, dijo que la acción de la justicia española es contraproducente.

“Si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad hacia la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Y por lo tanto, insisto, ni tribunales ni violencia son la solución”, dijo Mas a la prensa.

En cambio, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, consideró que el ejecutivo catalán era el único responsable de su suerte.

“Si durante todo este tiempo hubiera habido una actitud de la Generalitat de buscar un camino alternativo que no nos llevara a este callejón sin salida, seguramente no estaríamos en esta situación”, dijo a TV3.

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