EE.UU. busca que exista certeza jurídica para inversionistas en Guatemala

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La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó sobre una reciente reunión de la Subsecretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, junto al Ministro de Economía, Janio Rosales en la que se discutió los esfuerzos que se deben realizar para garantizar la certeza jurídica para los inversionistas. 

Como parte de la iniciativa “Centroamérica hacia adelante”, el gobierno de los Estados Unidos anunció que promoverá la inversión, incluyendo nearshoring, externalización cercana, que estimule el desarrollo económico regional mediante un marco de “Buena Gobernanza, Buenos Empleos”.  

“Un componente central de la reunión fue cómo crear un ambiente que propicie los negocios en Guatemala, mediante esfuerzos renovados para aumentar la transparencia, eliminar la corrupción, defender el estado de derecho, apoyar los derechos laborales y garantizar la certeza jurídica para los inversionistas”, señaló la embajada. 

Según mencionaron, en dicha reunión se discutieron los esfuerzos necesarios para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro, que son un motor del crecimiento económico y son críticas para el comercio bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. 

“Unas cadenas de suministro resilientes contribuirán a una economía estable, que apoyará a los nuevos compromisos del sector privado de 4.2 millardos de dólares que ya fueron alcanzados mediante el Llamado a la Acción de la Casa Blanca para el Norte de Centroamérica”, explicó la embajada. 

Buenas prácticas laborales

La embajada estadounidense explicó que el Gobierno de los Estados Unidos y la Alianza para Centroamérica que se tiene la intención de asociarse con entidades que modelen la integridad empresarial y se adhieran a principios y acciones que promuevan ambientes laborales seguros.

Algunas de los principios a los que hacen el llamado son:

• No participar en prácticas comerciales corruptas, incluido el soborno;
• No tolerar violaciones de los derechos laborales internacionalmente reconocidos;
• No tolerar el acoso sexual o la violencia en el lugar de trabajo;
• Desarrollar políticas y prácticas para identificar y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos en sus operaciones, en línea con los Principios Rectores, y tomar medidas oportunas en respuesta a indicios de conducta corrupta o abusos contra los derechos humanos;
• Identificar oportunidades para fortalecer y aplicar mecanismos internos de prevención, detección y remediación, y promover estos principios en sus cadenas de valor.

“Nos comprometemos a colaborar para avanzar en estos objetivos e identificar y promover las mejores prácticas, innovar y abogar por una buena gobernanza y buenos empleos”, puntualizaron.