Informe HRW: Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó su Informe Mundial 2023, que expone la situación de derechos humanos en alrededor de 100 países durante el 2022. En el caso de Guatemala la organización detalla que "el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”. También, el informe expresa que en el 2022 las autoridades designaron a dos funcionarios clave, la fiscal general, María Consuelo Porras y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova “mediante procesos de selección que no fueron justos ni transparentes”. “En mayo, Giammattei renovó el mandato de Consuelo Porras como fiscal general. Porras ha bloqueado investigaciones de corrupción e iniciado procesos arbitrarios contra periodistas, fiscales y jueces independientes”. Además, exponen el hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como los desafíos en la protección de los derechos de mujeres y niñas, de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT) y de migrantes. Libertad de expresión El informe de HWR detalla que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras han generado un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, entre otros. El documento explica que en julio, los fiscales ordenaron la detención de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, que ha dado a conocer diversos incidentes de corrupción en el país. Se lo acusa de “lavado de dinero”, “chantaje” y “tráfico de influencias”. La Asociación de Periodistas de Guatemala reportó 66 incidentes de ataques, persecución y criminalización de trabajadores de medios de comunicación en los primeros seis meses de 2022, señalan. Asimismo, el informe detalla que en algunos casos, “funcionarios públicos han invocado una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer con el fin de hostigar a periodistas que escriben sobre ellos, argumentando que sus reportajes representan una forma de “violencia psicológica” contra funcionarias mujeres o familiares mujeres de funcionarios públicos”. HRW explica que los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron en los últimos cinco años, según la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). “La organización contabilizó 11 asesinatos y 1,002 incidentes de difamación, hostigamiento o demandas judiciales infundadas, principalmente, contra operadores de justicia, periodistas, campesinos y defensores de la tierra en 2021”. Independencia de poderes La organización también recuerda que al mes de septiembre, el Congreso de la República aún no había cumplido con un fallo de la Corte de Constitucionalidad dictado en 2020, que ordenaba la designación de jueces y magistrados para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en las cortes de apelaciones para el período 2019-2024. “El proceso de selección ha estado marcado por demoras y señalamientos de tráfico de influencias”. Respecto a la reelección de Porras, HRW señala en el documento que “durante sus primeros cuatro años de mandato, Porras obstaculizó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. Realizó traslados y despidos de fiscales e impulsó procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes”. En el informe, se recuerda que en enero de 2022, el Ministerio Público abrió investigaciones que parecen ser arbitrarias en contra la exjueza Erika Aifán, “que llevaba causas de corrupción de alto perfil en las que presuntamente estaba implicado el presidente Giammattei”. La exjueza de mayor riesgo salió exiliada de Guatemala en marzo. “En febrero, la fiscal anticorrupción Virginia Laparra fue detenida por cargos espurios. Hasta septiembre continuaba tras las rejas”. Por aparte, el informe destaca que la fiscal Consuelo Porras separó del cargo a ocho fiscales, entre ellos, a Hilda Pineda, quien en 2013 impulsó un proceso contra el expresidente Efraín Ríos Montt por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” en relación con su presunto rol en las masacres cometidas entre 1960 y 1996 durante el conflicto armado. Aquí el informe mundial 2023.

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