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El Congreso de Perú, dominado por la derecha, anunció ayer que decidirá en dos semanas si abre un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo después de que la fiscalía lo acusara por el presunto delito de organización criminal.
“Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no”, dijo a la prensa Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión. Si es declarado procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses antes de que llegue al pleno del Congreso.
Tras avanzar en varias instancias, el proceso puede desembocar en su separación del cargo.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte de Castillo, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
El jefe de Gabinete, Aníbal Torres, dijo que la denuncia que tramita el Congreso es “totalmente improcedente” porque no se ajusta a los términos del Artículo 117 de la Constitución, que precisa los delitos por los cuales se puede acusar judicial y políticamente a un presidente en funciones. “Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país, es contraria a la Constitución”, declaró Torres a la prensa.
La fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó el martes una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal, en un documento entregado al Congreso.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
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